La Agencia Tributaria investiga a los centros geriátricos asturianos denunciados por sobreocupación

Las Consejerías de Bienestar Social y de Salud y Servicios Sanitarios, a través del Servicio de Calidad e Inspección y de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo respectivamente, programarán inspecciones conjuntas y periódicas a los centros privados de atención social para garantizar las condiciones sanitarias y los estándares de calidad y atención para este tipo de establecimientos. Asimismo, la Agencia Tributaria ha iniciado ya las investigaciones sobre aquellos casos de sobreocupación detectados por Servicio de Calidad e Inspección de Bienestar Social, que podrán tener consecuencias fiscales para el propietario del centro afectado por la denuncia.

Según informó el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el acuerdo entre Bienestar Social y la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo se alcanzó en la reunión que mantuvieron hoy la directora general de Planificación y Calidad, Teresa Martínez, y el director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Juan Llaneza, para establecer un protocolo de coordinación.

Además de las inspecciones periódicas, esta coordinación facilitará el intercambio de información entre ambas Consejerías, cuando cada una de ellas detecte un caso de incumplimiento de las normas de salubridad, higiene alimentaria O deficiencias de atención, que afecte a las competencias de la otra.

Este acuerdo entre las Consejerías de Bienestar Social y de Salud y Servicios Sanitarios se enmarca en la apuesta del Gobierno del Principado por la consolidación de un sistema de servicios sociales de calidad, centrado en el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables.

Esta apuesta, en el caso de Bienestar Social, se plasma en el Programa Bienal 2008-2009 para la Inspección y Mejora de la Calidad de los Centros de Atención Social del Principado de Asturias, puesto en marcha el pasado mes de enero, y que hasta ahora ha hecho posible multiplicar por seis las inspecciones realizadas durante los últimos años y abrir 13 expedientes sancionadores y decretar siete cierres en residencias privadas de personas mayores.