Asturias reclama al Gobierno central que declare la nulidad del peaje del Huerna

   OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el ejercicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declare la nulidad de pleno derecho del real decreto que prorrogó la concesión de la autopista AP-66 (León-Campomanes) hasta 2050, es decir, 29 años más de los previstos inicialmente.

   El acuerdo designa a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, como representante del Principado para defender esta iniciativa en nombre de la comunidad autónoma.

   Según ha informado el propio Calvo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo asturiano, la decisión forma parte de la hoja de ruta trazada por el Gobierno de Asturias y acordada con la Alianza por las Infraestructuras para lograr la eliminación del peaje.

    "Cuenta también con una notable solidez, apoyada en un extenso análisis elaborado por la secretaría general técnica de la consejería y los servicios jurídicos del Principado, que ha sido ratificado íntegramente por el Consejo Consultivo", ha explicado.

   Calvo ha indicado que los informes concluyen que la prórroga aprobada en 2000 por un gobierno del Partido Popular -en concreto, por el Real Decreto 382/2000, de 17 de marzo- incurrió en causas de nulidad de pleno derecho, al haber "alterado de manera sustancial" el equilibrio económico y la estructura del contrato original de 1975; generado una "nueva concesión encubierta", que debió someterse a licitación pública; y "vulnerado" la normativa europea en materia de contratación pública, incluida la Directiva 93/37/CEE.

   También señalan que fue aprobada prescindiendo "total y absolutamente" del procedimiento legalmente exigido; otorgado beneficios económicos "indebidos" al concesionario; y produciendo un "perjuicio sostenido" para el interés general de Asturias.

   El Consejo Consultivo ha avalado punto por punto las tesis del Principado y habría confirmado la existencia de "vicios sustanciales". Señala que la vía adecuada para restaurar la legalidad es la revisión de oficio o, en su caso, la acción directa de nulidad ahora emprendida. Esta tiene carácter de acto administrativo y supone un paso previo necesario para, en su caso, acudir a los tribunales.

   "Seguramente, y así lo creemos y así lo creen en los ámbitos jurídicos, debería ser lo que debería haber hecho el Gobierno de España ante la llamada atención tan importante que supone ese dictamen", ha señalado Calvo, en referencia a la revisión que solicita y el dictamen al respecto de la Comisión Europea.

   El Gobierno del Principado ha remitido ya a la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW) toda la documentación jurídica y técnica que sustenta esta acción: fundamentación jurídica completa, análisis económicos, estudios independientes, antecedentes histórico-administrativos y el propio dictamen del Consejo Consultivo.

   Asimismo, se ha incorporado el estudio jurídico elaborado a iniciativa de la diputada Covadonga Tomé, que ha sido de utilidad para reforzar la posición del Principado. El Ejecutivo le agradece expresamente su aportación.

   El Principado subraya que la acción de nulidad constituye un instrumento decisivo para lograr la eliminación del peaje de la AP-66 y para corregir una situación que ha perjudicado al tejido productivo, a la competitividad autonómica y a miles de usuarios durante más de dos décadas.