El abogado de la familia asegura que se actuó "sin ningún tipo de autorización y claro exceso de sus funciones"
GIJÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Local procedieron esta tarde a la retirada de las vallas instaladas por los herederos de Josefa Uría para delimitar la parcela de su propiedad, ubicada a la altura del número 88 de la calle de Magnus Blikstad, y detuvieron, sobre las 16.30 horas, a un miembro de la familia, Alfredo Uría, al negarse éste a quitar el vehículo que tenía allí estacionado, confirmó a Europa Press el abogado de los herederos, José Bordiu Cienfuegos-Jovellanos. El letrado aseguró que la Policía actuó "si ningún tipo de autorización, con claro exceso de sus funciones y abuso de autoridad".
Asimismo, indicó que su representado fue trasladado a Comisaría, donde se encuentra actualmente, y que están a la espera de conocer los motivos de la detención. También señaló que se retiró el vehículo que él mismo tenía estacionado en la vía, pero que a él no le detuvieron. Bordiu apuntó que la resolución que tenía la Policía indicaba la retirada de las vallas pero no hablaba de los coches.
En su opinión, la colocación de vallas no es ninguna obra, por lo que no requiere permiso municipal, y destacó que éstas no impiden el paso de los ciudadanos porque así "lo consiente" la familia Uría, no porque tengan obligación. También aseguró que se opondrán a la expropiación, procedimiento iniciado la semana pasada por el Ayuntamiento, con independencia de rechazar el justiprecio marcado por el Consistorio.
A este respecto, enfatizó que se ofrezca a la familia Uría por la parcela un precio inferior al que cobra en otras zonas. Como ejemplo, citó el caso de viviendas situadas en la zona conocida como las 'Mil Quinientas', en Pumarín, donde el Ayuntamiento cobra entre 400 y 500 euros más el metro cuadrado de ocupación para la instalación de un ascensor exterior que lo que quiere pagar por la parcela de Uría.
Bordiu recalcó también que el equipo de Gobierno municipal dijera que "no quería saber nada", según el letrado, en los litigios judiciales habidos para recuperar la parcela al considerar que la responsabilidad recaía en el Principado. De hecho, recordó que hay un auto judicial que remarca este hecho.
Por este motivo, el letrado indicó que era "un poco contradictorio" el que ahora que el Principado ha devuelto la parcela a sus legítimos herederos el Ayuntamiento quiera expropiarla. También enfatizó el hecho de que se trata de todo caso de un vial titularidad del Principado y no municipal. "El Ayuntamiento no tiene que ver nada", afirmó.
En todo caso, reiteró que el Principado devolvió, en el año 2006, algo que ocupaba "ilegalmente" y por el que se venía reclamando judicialmente desde hace cerca de 40 años. También destacó que cuando el Principado devolvió la parcela dijo, según el letrado, que no era de interés público, ya que si no lo hubiera expropiado u ofrecido dinero a cambio.
RETIRADA DE VALLAS.
Por su parte, el concejal de Hacienda y Coordinación Administrativa del Ayuntamiento de Gijón, Santiago Martínez Argüelles, confirmó a Europa Press que él mismo había "dejado instrucciones", antes de viajar a Madrid a la comisión de la Federación Española de Municipios y Provincias, para proceder a la retirada de las citadas vallas en los terrenos ubicados a la altura del número 88 de la calle Magnus Blikstad, al no disponer del oportuno permiso.
Martínez Argüelles aseguró que el Consistorio no niega la propiedad de la parcela, aunque puntualizó que sus dueños no "pueden hacer lo que quieran" en ella, al tratarse de una vía pública. El edil dijo sorprenderse de que la familia Uría haya actuado de esta forma cuando se estaba negociando.
No obstante, apuntó que aún espera poder llegar a un acuerdo con los propietarios de la parcela de 368 metros cuadrados, que afecta al vial, una parte de jardín y otra de un edificio. El Ayuntamiento había ofrecido 500.000 euros por la parcela mientras que los herederos de Josefa Uría solicitaban cuatro millones de euros.
