OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El administrador único de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), Miguel Ángel Gallardo Ortiz, a su vez representante de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica), pedirá este lunes a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que abra diligencias por el pago del Ayuntamiento de Gijón a un bufete de abogados privado para acusar por injurias y calumnias al concejal socialista, Santiago Martínez Argüelles.
Gallardo, que ya había presentado escrito similar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, entendiendo que se trata de "un posible caso de malversación de dinero público", traslada el asunto a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El denunciante afirma haber recibido escrito de la Fiscalía asturiana confirmado la competencia de la de Cuentas para llevar este asunto, como ya hiciese con un caso similar, en el que se vieron implicados la televisión autonómica Telemadrid y el periodista Hermann Tertsch.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se alerta a la Fiscalía de la contratación de un bufete de abogados externos por parte del jefe de la Asesoría Jurídica municipal, Abelardo Rodríguez, pagado con fondos públicos, para interponer una denuncia contra el portavoz municipal socialista, Santiago Martínez Argüelles, por un delito de calumnias e injurias graves. Según Gallardo, se trata de una cuestión personal que no debería haber repercutido en las arcas municipales.
Cabe recordar que el jefe de Asesoría Jurídica solicitó el servicio de asistencia letrada externa por la cantidad de 10.890 euros, dinero que le fue concedido por Resolución de Alcaldía, para denunciar a Argüelles por sus declaraciones en las que, según Rodríguez, este cuestionaba su imparcialidad al insinuar que hacía informes 'a medida' del Equipo de Gobierno. El procedimiento contra Argüelles se ha iniciado recientemente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón.
Para Gallardo,aunque el cargo público o funcionario tuviera toda la razón como víctima de expresiones calumniosas e injuriosas, es "un delito utilizar recursos públicos para defender derechos que son, por definición, personales, particulares y privadísimos".
Por este motivo, en su escrito incide en que "ese delito de malversación es perseguible de oficio". Una circunstancia, según él, que se persigue en algunos casos pero no así en otros. En este sentido, ha reiterado que deben ser los empleados y cargos públicos que quieran defender su honor en procedimientos civiles o penales quienes asuman todas las costas procesales.
Asimismo, justifica la denuncia presentada por dos procedimientos similares contra su empresa iniciados por una universidad pública. Según él, la experiencia vivida "nos hace denunciar todas las demandas o querellas malversadas, en cualquier lugar de España".
Ingeniero, criminólogo y licenciado en Filosofía, Gallardo Ortiz es además diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense, al margen de representante la ya citada empresa y asociación.
