El PP pedirá una reunión urgente a Piñán para hacer "frente común" y modificar el proyecto para el Chao de San Martín

OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Junta General del Principado Álvaro Queipo y Cristina Vega han anunciado que su formación solicitará una reunión urgente con la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, para analizar el proyecto de restauración del Chao de San Martín y hacer "frente común" para plantear una modificación del plan, atendiendo a las recomendaciones de los expertos.

Según han señalado este viernes en rueda de prensa en sede parlamentaria, la reunión es urgente porque está previsto que en enero se formalice la licitación del proyecto y la ejecución comenzaría en primavera.

Así, piden paralizar el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Grandas de Salime y financiado por la Consejería y el Ministerio de Cultura, y preparar uno nuevo.

Queipo se basa en un informe del 2 de diciembre del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organización mundial no gubernamental asociada con la Unesco, que señala que el actual proyecto puede ser "altamente lesivo" para la integridad de este bien patrimonial.

"El informe es absolutamente demoledor" y aconseja, dice el diputado del PP, la "retirada total del proyecto presentado". Por eso, los 'populares' se muestran "radicalmente en contra" de los planes coordinados desde el Ayuntamiento y califican al alcalde, el socialista Eustaquio Revilla, de "irresponsable" por "desoír" las advertencias y críticas de los expertos.

Según Álvaro Queipo, el proyecto está más enfocado a convertir el castro en "un parque temático" para un turismo "fácil" que en desarrollar un plan de restauración que permita la "conservación plena" de este patrimonio cultural asturiano. Explica que, entre otras actuaciones, se plantea eliminar vestigios de épocas "menos turísticas" e, incluso, echar "hormigón" en partes del castro.

Así, los 'populares' instan al Gobierno del Principado a corregir la "dejación de funciones" y el "silencio cómplice" de la administración autonómica y actuar para frenar este plan y preparar uno alternativo que permita garantizar la conservación del castro y mantener las aportaciones económicas del Estado.