PSOE pide resolver el conflicto del carbón con el cumplimiento los compromisos firmados y la negociación del nuevo plan

MADRID/OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista por Asturias, María Luisa Carcedo, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso la necesidad de resolver el conflicto del carbón y ha reclamado al Gobierno que cumpla los compromisos firmados en el Plan 2006-2012 y se siente a negociar el nuevo modelo.

Carcedo ha defendido en la Cámara Baja una moción consecuencia de interpelación para la que intentará sumar el apoyo de los demás grupos parlamentarios en la votación que tendrá lugar mañana. En la iniciativa, el PSOE pide al Gobierno reponga las partidas presupuestarias eliminadas para el mantenimiento de las ayudas a los costes de explotación de las empresas productores, así como, los programas de reactivación económica de las comarcas mineras.

Además, reclama iniciar las negociaciones con sindicatos para elaborar el nuevo Plan, adoptar las gestiones oportunas ante las instituciones europeas que garantice la continuidad de la actividad minera más allá de 2018 y mantener el presupuesto en los proyectos de investigación sobre la captura y almacenamiento de CO2 que minimice los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la combustión del carbón.

"Estamos ante un Ejecutivo que hace honor y bandera del incumplimiento de los acuerdos, los incumplen y se quedan tan tranquilos", ha señalado para añadir que este incumplimiento "pone en cuestión el futuro de los puestos de trabajo"

La diputada socialista ha acusado al Gobierno de "intentar ahogar" un sector que ha tenido un papel importante y que junto a las renovables, el carbón es "una fuente de energía autóctona, un sector de futuro y con muchas potencialidades y de desarrollo de industrias complementarias".

Durante el debate, el diputado 'popular' Antonio Hernando ha recordado que el plan de cierre de la minería fue remitido por el anterior Gobierno socialista a Bruselas. Además, ha insistido en que el recorte al sector de la minería es del "15 por ciento" en lugar del 63 por ciento.

"Lo que ustedes ejecutaron fueron 765 millones de euros y nosotros 656 millones de euros, 100 millones por debajo y un recorte que ha afectado al conjunto del Ministerio en un 17 por ciento", ha señalado Hernando para añadir que el ajuste también afecta a la minería "pero no en un 63 por ciento sino en un 15 por ciento".

Tras insistir en que el Gobierno no ha reducido las partidas sociales y ha mantenido las prejubilaciones, Hernando ha acusado de "chantaje" a la patronal de los mineros que, a su juicio, "ha amenazado a las empresas con que sino conseguían los 80 millones cerrarían las minas en septiembre".

Asimismo, el diputado del PP ha señalado que las previsiones de producción para 2012 no se han cumplido al llegar a los 6,2 millones de toneladas frente a los 9,2 millones previstos.

NEGOCIACIÓN IMPRESCINDIBLE

Desde el Grupo Mixto, el diputado Enrique Álvarez Sostres ha señalado que la eliminación de la minería supondría la decadencia de las comarcas mineras por lo que ha defendido "la justicia de las reivindicaciones mineras". Ha subrayado que la negociación en la Mesa del Carbón es "imprescindible" y ha reclamado rebajar la intensidad del ajuste y su incidencia en el entorno laboral.

"Esta es la historia de una operación de derribo y cierre a través de un calendario entre el Gobierno del PSOE del señor Zapatero, el Gobierno del PSOE de Asturias del señor Areces y el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy. Entre todos la mataron y ella sola se murió", ha señalado Sostres.

El diputado de Foro ha recordado que la posición de FORO es "bien conocida, firme desde el principio ante un problema cuyas dimensiones de conflictividad erosionan gravemente la paz social de Asturias y de otras comarcas mineras de España".

Por parte de UPyD, la diputada Irene Lozano ha manifestado su apoyo a mantener las subvenciones hasta 2018, aunque a partir de ese año "no se deben subvencionar actividades que no sean rentables". No obstante, ha reclamado que la transición "no sea traumática".

Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha acusado al Gobierno de no recortar igual en todos los sectores al mismo tiempo que ha considerado que sí tiene margen de maniobra porque lo ha demostrado con otros sectores. A su juicio, el Gobierno practica "la ley del embudo, ancho para la banca, subvenciones a carreteras y otros sectores, y estrecho con los trabajadores y los mineros".

La diputada de CiU, Inmaculada Riera, ha defendido el carbón como reserva estratégica pero ha considerado que las ayudas no se pueden mantener más allá de 2018. No obstante, ha señalado que el contexto de austeridad "no justifica" el recorte a las ayudas.

GOBIERNO DESPOTA

Por su parte, el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, se ha mostrado favorable a la moción y ha acusado al Gobierno de querer "acabar con los pueblos mineros que han conquistado con su lucha los derechos laborales", al mismo tiempo que ha denunciado "el carácter despota e intransigente del Gobierno que se niega a negociar". "Los acuerdos deben ser respetados, los recortes deben ser anulados y el futuro, garantizado", ha añadido.

Tras mostrar su solidaridad con los mineros, Cuadra se ha referido al 18 de julio y ha recordado "a todas las víctimas del alzamiento criminal fascista y de los 40 años de dictadura franquista", al tiempo que ha considerado que la Ley de Amnistía de 1977 "ha dejado impunes todos estos crímenes".

Durante el debate, el diputado 'popular' Antonio Hernando se ha dirigido al diputado de Amaiur para señalar que "ni los minero ni los empresarios de la minería necesitan su solidaridad porque les ensucia".

"Estamos acostumbrados a que ustedes hagan apología de la violencia ya que donde haya un violento, allí estará Amaiur; donde haya un agresor, allí estará Amaiur; donde haya un criminal, como ha habido durante mucho tiempo e incluso un asesino de ETA, allí estará Amaiur; nosotros, desde luego que no", ha defendido.

En su réplica, Cuadra ha señalado que en el conflicto de la minería "quien provoca todas las situaciones de violencia es el carácter despótico e intransigente del Gobierno". Finalmente, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha retirado la palabra al diputado de Amaiur. "No ha respondido a lo que ha dicho sino que ha vuelto a dar una perorata política. No tiene la palabra", ha justificado Posada.