OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias advierte de que el 50 por ciento de las consejerías no realiza auditorías de cumplimiento de las subvenciones nominativas desde 2016, "lo que supone una ausencia de control interno".
Así lo apunta el órgano de control externo tras la aprobación este jueves, por parte del Consejo de la Sindicatura, del informe definitivo de fiscalización sobre la Cuenta General del Principado de Asturias del año 2018, en el que también se incluye los Fondos de Compensación Interterritorial, sobre el que emite "una opinión favorable con salvedades".
Este trabajo analiza las cuentas de la Administración del Principado de Asturias, de sus organismos autónomos (10) y de los consorcios adscritos (3), que suman en torno a 4.400 millones de euros, recordando que el presupuesto autonómico estaba prorrogado del año anterior.
Según la Sindicatura, "la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar una opinión financiera y de cumplimiento favorable con salvedades". En cambio, la Sindicatura se abstiene de emitir "una opinión operativa debido a las limitaciones encontradas para realizar esa fiscalización".
Respecto a la auditoría financiera, la Sindicatura de Cuentas señala que tuvo varias limitaciones al alcance. Entre ellas, una que ya es reiterativa: la falta de acceso informático en tiempo real al ejercicio fiscalizado. Además, indica que durante los trabajos no se pudo cuantificar la totalidad de las desviaciones de financiación del ejercicio (positivas y negativas) y las acumuladas debido a que ni la Administración del Principado ni los organismos autónomos disponen de una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada.
Como consecuencia, señala que "no es posible determinar el efecto que esas desviaciones tendrían en el cálculo del superávit o déficit de financiación, dentro del resultado presupuestario, y en la determinación del remanente de tesorería afectado, dentro del estado de remanente de tesorería total".
RECOMENDACIONES
Tras el análisis de la Cuenta General, la Sindicatura realiza varias recomendaciones nuevas, que se suman a las formuladas por la Sindicatura en ejercicios anteriores, algunas de manera reiterada desde hace años y con insistencia en su urgencia.
Entre estas últimas están la reforma del marco normativo en materia económica, financiera, presupuestaria y contable para dar cumplimiento a principios esenciales en la gestión como el de transparencia o el de estabilidad presupuestaria, y la elaboración de un sistema completo de costes/gestión que permita fijar objetivos de actividad, conocer el coste real de cada política y servicio y establecer indicadores para evaluar los resultados alcanzados.
Como nuevas recomendaciones, el órgano fiscalizador propone realizar "a través del procedimiento de concurrencia competitiva" la concesión de las subvenciones nominativas a diversos entes locales para la realización de políticas públicas transversales, como igualdad de oportunidades, juventud o tecnologías de la información, para así "garantizar la participación de todos".
Asimismo, recomienda que la fecha límite de emisión de los informes definitivos de control financiero de las subvenciones nominativas fijado en los sucesivos planes anuales de auditoría sea el 30 de septiembre de cada ejercicio. De este modo, dice, "se garantizaría no incluir en el anteproyecto de ley de presupuestos del ejercicio siguiente subvenciones nominativas sobre las cuales no se hubiera efectuado control interno".
También considera que el establecimiento de un sistema de jornada a turnos para la prestación de los servicios de conservación y explotación de carreteras "sería el más adecuado para la realización de las tareas atribuidas a este servicio". Así se propone en el 'Informe propuesta sobre reorganización y funcionamiento de las brigadas de conservación y explotación de carreteras de la Dirección General de Infraestructuras y Transportes' que, sostiene, "debería retomarse al objeto de llegar a un acuerdo para su implementación". "El establecimiento del citado sistema coadyuvaría al logro de una gestión más eficiente, eficaz y económica, de los medios materiales y personales y por ende del gasto público", argumenta.
Nombrar como responsable del contrato a una persona funcionaria con conocimientos técnicos adecuados al objeto contratado, pudiendo realizar las funciones públicas necesarias para un efectivo seguimiento de la ejecución y control de la calidad de la prestación, es otra de las recomendaciones de la Sindicatura, añadiendo que "así se lograría una satisfacción real de la necesidad que con la contratación se pretende y una eficiente utilización de los recursos públicos destinados a la misma".
Finalmente, aconseja "modificar el régimen de presupuestación del Principado para poder dar cumplimiento a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público". "Una vez que dicho régimen autonómico incluya a los consorcios adscritos, estos deberían adaptar sus estatutos a lo previsto en él", apunta.
