Tomé (G. Mixto) presenta un informe de la Universidad de La Coruña que respalda la nulidad de la prórroga del Huerna

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha subrayado este viernes que "no hay ningún motivo para no suprimir el peaje del Huerna (AP-66)", tal y como avala un informe encargado por su formación, Somos Asturies, y cuyos autores son los catedráticos de la Universidad de la Coruña, Carlos Aymerich Cano y José Antonio Blanco Moa.

En rueda de prensa, ha recalcado que "no hay ningún motivo económico ni jurídico para no suprimir de una vez por todas el peaje", y ha recordado que el Gobierno Central tenía la posibilidad de solicitar la revisión de oficio para continuar con el procedimiento que condujese definitivamente a la supresión, solicitud formal que asegura haber realizado ella ayer.

"El Ministerio podría iniciar un procedimiento de revisión de oficio que, tras el informe vinculante del Consejo de Estado, permitiría declarar la nulidad de la prórroga y liberar el peaje en cuestión de meses", ha apuntado, a la vez que ha criticado la "falta de voluntad" del Ejecutivo central y ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, a actuar con rapidez y atender los intereses de los ciudadanos asturianos.

La diputada ha recordado que, a diferencia de rescates por oportunidad, en este caso se trata de una anulación por ilegalidad, por lo que la indemnización a la concesionaria no incluiría lucro cesante, solo el valor de mercado de la concesión. Según Tomé, la compensación a la concesionaria, calculada en unos 285 millones de euros, sería menos de la mitad de lo que costaría mantener las bonificaciones hasta 2050, estimadas en 674 millones de euros.

Tomé ha avanzado que remitirá el informe al Ministerio de Transportes y al consejero autonómico del ramo, y ha defendido que la movilización social seguirá siendo clave para lograr la supresión del peaje.

RESULTADOS DEL INFORME

Los catedráticos, que han acompañado a la diputada del Grupo Mixto en la rueda de prensa, subrayan que la prórroga de la concesión, impuesta en 2000 por el gobierno de José María Aznar (PP), constituye una "modificación sustancial del contrato original" que debió haberse licitado de nuevo. La jurisprudencia citada incluye una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019 sobre la autopista Tirrenaica en Italia, que declaró ilegales prórrogas similares otorgadas sin concurso público.

El informe sostiene que la eliminación del peaje no se trata de un rescate económico, sino de un acto de cumplimiento legal. Según los cálculos de los catedráticos de la Universidad de La Coruña, el valor de mercado de la concesión de la AP-66 sería de unos 285 millones de euros, cifra "muy inferior" a los 674 millones que el Estado tendría que abonar en concepto de peajes y bonificaciones hasta 2050 si se mantiene la situación actual.

Asimismo, han asegurado que el procedimiento de revisión de oficio podría ejecutarse de forma inmediata, y que la compensación sería significativamente menor que las bonificaciones acumuladas hasta 2050 si se mantiene la situación actual.

Los autores del informe destacan que la compensación a la concesionaria no incluiría lucro cesante, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y señalan que los costes de conservación de la autopista serían de 4,8 millones de euros anuales si pasara a gestión estatal.