Diego la compara con la inversión pública en Tubacex
SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria defenderá ante la Unión Europea la legalidad de la subvención pública que el anterior Ejecutivo concedió en 2011 a la multinacional francesa Andros, una subvención que asciende a 8,5 millones a satisfacer en varias anualidades hasta 2016, en función del cumplimiento de los compromisos de la empresa en materia de inversión y empleo, y sobre la que Bruselas ha iniciado una investigación a raíz de una denuncia presentada "presuntamente, por otra empresa del sector lácteo".
Así lo ha confirmado este martes, a preguntas de los medios de comunicación, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ha explicado que el Gobierno regional no sabe ni quién ha interpuesto la denuncia ni por qué motivo, ya que la Comisión Europea se ha limitado a solicitar al Ejecutivo regional la documentación que obra en el expediente.
El anterior Gobierno (PRC-PSOE), a través de Sodercan, firmó el 20 de mayo de 2011, justo antes de las elecciones, un convenio con la multinacional láctea Andros por la que ésta se comprometía a invertir en cuatro años más de 49,5 millones de euros (incluida la subvención pública) en la fábrica de La Serna, en Arenas de Iguña, y a crear 150 nuevos puestos de trabajo directos, además de mantener los 69 existentes en ese momento.
El 16 de enero de 2012, el actual Gobierno amplió la vigencia del convenio hasta el año 2016 e introdujo una nueva condición que, según ha explicado Diego, obligaba a la empresa a utilizar en sus procesos leche procedente "exclusivamente de productores cántabros". El presidente ha señalado que los compromisos de ambas partes "se han venido cumpliendo más o menos ajustados al convenio".
Diego ha establecido analogías entre el convenio de Andros y el acuerdo firmado hace escasas fechas con Tubacex para su implantación en Cantabria, que también conlleva el compromiso de creación de empleo, y la aportación por parte del Gobierno de unos recursos públicos "cuantificados y con destino finalista". Recursos que en el caso de Tubacex ascienden a 3,5 millones de euros y que se recuperarán con intereses.
El presidente ha confirmado que el Gobierno no ha abonado a Andros en su totalidad los 8,5 millones de euros comprometidos, dado que se trata de un acuerdo plurianual en el que quedan anualidades pendientes y éstas están condicionadas al cumplimiento de los compromisos por parte de la compañía.
También ha puntualizado que todos los recursos los ha aportado el Gobierno actual, dado que el convenio se firmó dos días antes de las elecciones.
Según ha señalado, la documentación que el Gobierno de Cantabria va a remitir a Bruselas "con absoluta transparencia" y "cumpliendo con su deber" es el convenio y la acreditación del cumplimiento por ambas partes de los compromisos recogidos en el mismo.
