Acuerda además deducir testimonio a la Fiscalía por si hubiera prevaricación y malversación en el uso del presupuesto para derribos
SANTANDER, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado un plazo de 15 días al alcalde de Argoños, el 'popular' Juan José Barruetabeña, para que se inicie el derribo de cinco viviendas ubicadas en la urbanización La Llama I, que tienen sentencie firme de derribo desde el año 2002.
Además, la sala, en un auto firmado el pasado tres de marzo, ordena que la demolición concluya antes de seis meses porque, si no se cumple el plazo de inicio o el de conclusión señalados, el alcalde será multado por delito de desobediencia.
Los plazos contarán desde la fecha de notificación del auto del TSJC al Consistorio. En el caso de los denunciantes, la asociación ecologista ARCA, recibieron esa notificación el pasado martes, 17 de marzo, y hoy han hecho público el auto.
En su resolución, la Sala de lo Contencioso acuerda además que se deduzca testimonio a la Fiscalía, por si hubiera posibles delitos de prevaricación y malversación en la actuación del alcalde por gastar presuntamente el presupuesto destinado a derribos, ya que en noviembre de 2008 el regidor aseguró en un medio de comunicación que el Consistorio no tiene fondos para asumir las demoliciones.
Según el TSJC, las cinco viviendas cuya demolición ha vuelto a reclamar ARCA tienen sentencia firme de derribo desde noviembre del año 2002. En diciembre de ese mismo año se ordenó ya que se ejecutara la sentencia y en junio de 2004 se requirió al alcalde para su inmediata ejecución.
"PASIVIDAD Y OPOSICIÓN"
A día de hoy siguen en pie tras sucesivos escritos presentados ante la Sala por el Consistorio, al que el TSJC reprocha su "pasividad" y su "clara voluntad de oposición" a cumplir lo ordenado.
En el auto, se recuerda que en el año 2005 el Ayuntamiento presentó ante la Sala un escrito informando de la adjudicación a una empresa de los trabajos de derribo de 151 viviendas, así como una propuesta de financiación para destinar 150.000 euros anuales para ir abordando conjuntamente los diferentes derribos, con un presupuesto total de ese plan de unos 2,5 millones de euros.
La Sala de lo Contencioso pidió sin embargo que se presentara una propuesta individualizada de los derribos y, una vez planteada, la rechazó porque demoraba la ejecución de la demolición hasta 2011.
El siguiente paso del Ayuntamiento, en mayo de 2008, fue pedir que se suspendiera de forma temporal la ejecución de sentencia a la espera del plan del Gobierno regional sobre viviendas afectadas por sentencias de derribo, a lo que accedió la Sala inicialmente.
Pero en febrero de este año ARCA volvió a reclamar ante la Sala la ejecución de la sentencia y el derribo de las cinco viviendas, una petición que ha sido atendida, a la vista de la "pasividad" municipal y porque, según explica el auto, se observa "una clara voluntad de oposición" del Ayuntamiento a cumplir lo acordado y el acalde ya fue multado por ello con anterioridad.
Ahora, la Sala le requiere de nuevo para que ejecute la sentencia y le delimita los plazos para el inicio y la conclusión del derribo. Advierte además de que, si se incumplen esos plazos, el alcalde podrá ser multado de nuevo y, si no se derriban las viviendas, se adoptarán "cuantas medidas" se consideren necesarias para lograr que se cumpla la sentencia.
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