Actualizado 29/06/2012 15:45 CET

Avaate advierte de que denunciará al Ayuntamiento por prevaricación si no desmantela las antenas ilegales

Antenas Telefonía
EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones (Avaate) ha advertido que denunciará al Ayuntamiento de Valladolid por prevaricación si no desmantela las antenas ilegales.

El colectivo se ha expresado así tras la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2012 que anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en lo relativo a la prohibición de instalar antenas de telecomunicaciones en edificios de vivienda.

Avaate, también en referencia a las declaraciones del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, quien considera que no habrá que desmantelar ninguna instalación, ha acordado un plan de acción relativo al cumplimiento de dicha sentencia, en el que se recogen diversas iniciativas.

En concreto, la Asociación se pondrá a disposición de todos los ciudadanos afectados por estas instalaciones y, en los casos que así se les pida, solicitará la paralización de la actividad y desmantelamiento de las situadas en edificios de viviendas.

En este sentido, ha asegurado que se reservará el derecho a solicitar la paralización de la actividad y desmantelamiento de todas las instalaciones que se encuentran en esta situación en la ciudad de Valladolid.

ACCIONES PENALES

Por otro lado, ha advertido de que si el Ayuntamiento de Valladolid, una vez reciba peticiones concretas de desmantelamiento de instalaciones ilegales, deniega dichas peticiones, procederá a denunciar por la posible comisión de un delito de prevaricación a los responsables de dicha denegación.

Avaate ha recordado que esta anulación de la modificación del PGOU en relación con las antenas de telecomunicaciones es la segunda, tras la recogida por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 20 de enero de 2006.

En aquel caso, igualmente se solicitó del desmantelamiento de varias instalaciones y el Ayuntamiento denegó las solicitudes obligando a los ciudadanos a acudir a la vía judicial, que finalmente les dio la razón.

"Por ello, de producirse nuevas denegaciones por segunda vez, nos veremos obligados a acudir a la vía judicial penal", ha insistido el colectivo, que ha indicado que en este momento no cabe duda de la ilegalidad referida, ya que hay antecedentes de esta misma situación, y el delito de prevaricación se define por el Código Penal como "tomar una decisión injusta a sabiendas de su injusticia".

Avaate también ha acordado realizar un llamamiento "urgente" al Ayuntamiento de Valladolid en particular, y resto de administraciones en general, a "reconocer el grave problema sanitario" que hay detrás de estas instalaciones y a adoptar soluciones legislativas que prevengan daños en la salud.

En concreto, solicitarán una reunión con la concejal de Urbanismo de Valladolid, Cristina Vidal, para proponer un plan de acción "conjunto, serio, riguroso y estricto" con la protección de la salud y la modificación urgente de la Ordenanza Municipal, "con el fin de introducir criterios de defensa de la salud de los ciudadanos".