Banquillo para cuatro por defraudar más de 100.000 euros a la Seguridad Social a través de empresas agrícolas

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid sentará en el banquillo el próximo día 16 de abril a cuatro personas, tres de ellas de origen rumano, acusadas de urdir un plan para defraudar a la Seguridad Social más de 100.000 euros a través de empresas de servicios agrícolas.

La Fiscalía, en su escrito de calificación provisional recogido por Europa Press, solicita para cada uno de los procesados, Florinel M.C, Marian L, Florenta V. M. y Marina R. M, una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de fraude a la Seguridad Social, junto con una multa de 300.000 euros y la pérdida del derecho a subvenciones oficiales o públicas y de beneficios o incentivos fiscales por espacio de seis años.

Además, para el primero de los acusados, supuesto cabecilla, la acusación pública interesa otros dos años y nueve meses de privación de libertad y multa de 3.600 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial. En concepto de responsabilidad civil, los cuatro, de forma conjunta y solidaria, habrían de abonar en caso de condena una indemnización de 105.719 euros en favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El acusado Florinel M.C, dedicado a la prestación de servicios agrícolas para diversos agricultores, es acusado de liderar presuntamente una trama encaminada a generar deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social a las que no pensaba hacer frente. El plan consistía en la creación de sucesivas empresas individuales con plantillas y actividades similares para desarrollar tareas agrarias.

Para evitar aparecer como deudor, el principal acusado ponía supuestamente estas empresas a nombre de personas de su confianza, como su hijastra y dos amigos, a los que dio de alta como empresarios individuales. De esta manera, Florinel seguía ejerciendo como administrador de hecho de los negocios mientras evitaba figurar legalmente en las sociedades que acumulaban los impagos.

La mecánica utilizada consistía en cerrar las empresas o dejarlas sin actividad una vez que acumulaban deudas considerables con la administración. Inmediatamente después, el grupo continuaba con la misma actividad bajo la apariencia de una nueva constitución empresarial o empresario individual, eludiendo así el rastro de las obligaciones económicas contraídas anteriormente.

Según el relato de la Fiscalía, la primera empresa fue dada de alta el 1 de mayo de 2018 a nombre de Marina R.M. en Medina del Campo, con un total de 21 trabajadores. Posteriormente, el 17 de julio de 2019, se dio de alta a Florenta V.M. como empresaria individual, cesando su actividad apenas tres meses después con un registro de 23 empleados.

La tercera de las sociedades figuró a nombre del propio Florinel desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2021, periodo en el que tuvo a su cargo a 36 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, mientras que la cuarta empresa estuvo a nombre de Marian L. entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, contando con una plantilla de 14 trabajadores.

La investigación ha determinado que un total de 105.719,09 euros es la cantidad principal de la deuda eludida entre mayo de 2018 y mayo de 2021. Esta cifra no incluye los intereses y recargos que se han derivado del impago de las cotizaciones de los trabajadores, muchos de los cuales han figurado de forma rotatoria en las distintas empresas de la trama.

UTILIZADO UN GESTOR ADMINISTRATIVO SIN CONOCIMIENTO DE ÉSTE

Para la tramitación de las altas y la creación de las empresas, el principal acusado se valía de los servicios de un gestor administrativo, sin que dicho profesional tuviera un conocimiento efectivo de la operativa defraudatoria ni de la finalidad perseguida por los acusados.

Además del fraude, a Florinel se le ha imputado un delito continuado de falsedad en documento oficial por elaborar supuestamente hasta 20 resoluciones de alta falsas. Estos documentos habrían sido entregados a una mercantil bodeguera para simular que los trabajadores estaban correctamente inscritos en la Seguridad Social.

La acusación pública sostiene que estas resoluciones de alta presentaban sellos de una asesoría sin que el personal de la misma hubiera participado en su elaboración. Del mismo modo, el acusado procedió presuntamente a fabricar 32 copias de comunicaciones de contratos al Servicio Público de Empleo (SEPE) que tampoco se correspondían con la realidad.

Las comprobaciones realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social y el SEPE han confirmado que las fechas de inicio de la relación laboral y las huellas digitales de los documentos han sido manipuladas.