Como consecuencia de las reformas del PSOE y PP que han derogado el principio de 'Justicia Universal'
VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal en excedencia de la Fiscalía Anticorrupción Carlos Castresana ha expresado su malestar por las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, primero la acometida por el PSOE y más tarde la aplicada por el Gobierno del PP, que, a su juicio, han dejado a España "fuera de juego" en la persecución de los crímenes de lesa humanidad, al haber derogado el principio de 'Justicia Universal'.
Castresana, con una trayectoria vinculada a la lucha contra la corrupción, con casos tan mediáticos como el abierto en su día al exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, y abanderado de la defensa de los Derechos Humanos, capítulo en el que impulsó el proceso por genocidio contra el exdictator chileno, Augusto Pinochet, ha denunciado públicamente la sensación de "cierta impunidad" y el retroceso experimentado a raíz, fundamentalmente, del atentado a las Torres Gemelas y la guerra contra el terror.
En este sentido, el que fuera Fiscal Anticorrupción, que ha ofrecido esta tarde en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid la conferencia titulada 'Responsabilidad penal de las personas jurídicas', organizada por la asesoría San Miguel Consulting, sostiene, en declaraciones recogidas por Europa Press, que de una situación marcada en 1998 con la creación de la Corte Penal Internacional, que supuso un "enorme consenso de que este tipo de crímenes no podían quedar impunes, se ha pasado a una especie de "guerra fría", fruto de los intereses de EE.UU, Rusia o China.
"Unos por otros, la Corte Penal Internacional no está cumpliendo con las expectativas, con lo que en la actualidad prevalece la impunidad", censura Castresana, quien en el caso concreto de España califica de "lamentable" que el país haya quedado "fuera de juego" en la lucha contra los crímenes de guerra o de lesa humanidad, a raíz de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial acometidas por PSOE y PP y que han supuesto la derogación del principio de 'Justicia Universal'.
Y es que, como así apostilla, a partir de entonces la justicia en este país tan sólo puede perseguir determinados delitos cuando las víctimas son españolas o tienen relación con España, "primero porque los americanos protestaron por lo de Guantánamo y luego los chinos con lo del Tíbet", y al final no se está cumpliendo ni siquiera con los mínimos que nos imponen los convenios internacionales que tenemos ratificados.
"Al final, lo que conseguimos no es evitar problemas políticos y diplomáticos sino que cuando vamos a la ONU nos respetan menos", critica Castresana, quien se ha mostrado frontalmente opuesto a la limitación impuesta respecto de perseguir sólo determinados casos por la vinculación de las víctimas con España.
"Ese es el principio de nacionalidad activa o pasiva, algo muy distinto al de Justicia Universal, consistente en proteger a las víctimas, con independencia de dónde son, y perseguir a los responsables, sin importar tampoco su procedencia", recrimina.
FALTA DE MEDIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Sobre la lucha contra la corrupción, Castresana reconoce que se ha mejorado mucho, fundamentalmente gracias a las nuevas unidades especializadas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, aunque de forma insuficiente, sobre todo porque la respuesta de los tribunales y del Ministerio Fiscal "deja mucho que desear" debido a la falta de medios materiales y humanos.
En este sentido, aboga por que la especialización llegue igualmente a tribunales y la Fiscalía y, sobre todo, por un aumento de la planta judicial, pues, a su juicio, no es de recibo que España tenga la mitad de jueces que la media en Europa.
En el caso particular del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Castresana ha declinado entrar en detalle pero sí ha advertido de que es ejemplo de que, con carácter general, lo que opine el mandatario del PP "es lo que menos importa", pues tienen que ser el Parlamento de esa Comunidad, los partidos políticos, los tribunales, los medios de comunicación y los murcianos quienes determinen si está o no en condiciones de representar a los ciudadanos.
"La sociedad tiene que estar suficientemente viva para que la decisión de seguir o no al frente de un cargo no le corresponda a la persona menos indicada, pues ésta es la que menos distancia tiene con los hechos para determinar si eso que ha ocurrido presuntamente o no le afecta directamente", ha sentenciado.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
El fiscal en excedencia de la Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado en estos términos antes de impartir en la Facultad de Comercio de la UVA la conferencia 'Responsabilidad penal de las personas jurídicas', modificación introducida en el Código Penal a partir de 2010 según la cual las empresas, sociedades o fundaciones pueden ser condenadas, al igual que las personas físicas, en casos de estafa, apropiación indebida, tráfico de drogas, delitos contra el medio ambiente, así como contra Hacienda o la Seguridad Social.
En su opinión, la referida modificación, que puede traducirse en importantes sanciones económicas para esas mercantiles e incluso acabar en la suspensión de su actividad y, por ende, en su "muerte", ha supuesto todo un "acierto" y constituye una "llamada de atención sobre la necesidad de que éstas tengan ordenada su casa", en referencia a la necesidad de adoptar las medidas o mecanismos necesarias para prevenir actuaciones delictivas de sus administradores u otros responsables.
