Las defensas de los acusados por la 'trama eólica' desvelarán mañana la estrategia declaratoria de sus clientes

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los catorce encausados en la denominada 'trama eólica' desvelarán este miércoles la estrategia declaratoria de sus clientes, es decir, si los ocupantes del banquillo se acogerán a su derecho de no declarar o si bien prestarán únicamente testimonio a preguntas de sus letrados respectivos, dejando sin responder las que puedan formularles las acusaciones pública y particulares personadas en el proceso.

Es la petición que el magistrado que preside dicha causa en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, Ángel Santiago Martínez, ha trasladado a los abogados de los acusados en las postrimerías de una nueva jornada del juicio por el que este martes han 'desfilado' distintos funcionarios que en la época investigada estuvieron al frente de los servicios territoriales de Industria en Valladolid y Palencia o desempeñaron otras funciones como técnicos en dichos departamentos, sin que lo declarado por los cuatro testigos haya supuesto información relevante para la causa.

Sin embargo, el presidente de la sala, antes de que diera inicio la declaración del último testigo, se ha dirigido a los defensores para pedirles, a modo de favor, que en la jornada prevista para este miércoles anticipen ya la estrategia declaratoria de sus clientes a fin de conocer si a partir del próximo día 10 de diciembre, fecha en la que está previsto que dé inicio su interrogatorio, preferirán mantener silencio, responderán tan solo a sus representantes legales, aceptarán someterse también a las preguntas de los acusadores públicos y particulares o plantean incluso "otras variantes posibles".

El objetivo del magistrado, tal y como ha justificado en declaraciones recogidas por Europa Press, es hacerse una composición de lugar al objeto de reorganizar el calendario de sesiones con una previsión del tiempo que puede durar cada una de las declaraciones de los encausados.

Con independencia de esta circunstancia, los testimonios registrados en la sesión de este martes, una más de este 'macrojuicio', apenas han aportado grandes novedades respecto de los hechos que se enjuician y que pretenden desvelar una presunta trama urdida, principalmente por el viceconsejero de Economía en la etapa investigada, Rafael Delgado, durante el 'boom' que supuso el despegue del sector eólico en Castilla y León y que, supuestamente, se tradujo en el chantaje que parte de los promotores de parques eólicos padecieron para que dieran entrada en su accionariado a empresarios locales seleccionados 'ad hoc', 'peaje' que de no ser aceptado suponía la paralización total de sus proyectos.

De entre los testigos de la jornada de hoy, el que fue jefe de la Sección de Industria y Energía en el Servicio Territorial de Valladolid entre 2001 y 2005, Francisco Javier Bécares, ha manifestado que tuvo conocimiento de la instrucción 2/2004 a partir de la cual la autorización final o también llamada avocación de los expedientes quedó centralizada en manos del entonces viceconsejero de Economía y principal encausado, Rafael Delgado, de forma que ninguna iniciativa salía adelante a partir de entonces, fuera un parque en solitario o aquellos que entraban con otros en competencia, si antes no llegaba un informe en positivo del Ente Regional de la Energía (EREN).

"UNA SERIE DE COSAS RARAS"

Lo llamativo de su declaración es que el testigo ha recordado aquella instrucción porque implicaba hacer "una serie de cosas raras" que, a preguntas del Fiscal Anticorrupción en la causa, Tomás Herranz, ha concretado en el hecho de que "había que esperar a esos informes del EREN antes de seguir con la tramitación. Las órdenes venían de la Dirección de Energía y Minas para agilizar o no. El informe del EREN no llegaba nunca, ni en uno, ni dos ni tres meses ni en uno o dos años. Tan pronto un expediente se pegaba cuatro años parado como luego te tocaba salir corriendo con él".

El testigo ha contrastado esta situación, a partir de 2004, con la tramitación que se seguía con anterioridad y que entonces seguía "un orden por solicitud, normalmente".

El juicio iniciado el pasado día 15 de septiembre contra las catorce personadas encausadas, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, entrará este miércoles en una nueva jornada dentro del calendario previsto que sitúa la finalización del proceso judicial en el próximo día 28 de enero de 2026. Los ocupantes del banquillo se exponen a un conjunto de las penas, según la petición del Fiscal Anticorrupción, que se eleva a 123,5 años de cárcel y 850 millones de euros de multas.