Expertos señalan en Ávila la necesidad de cumplir los derechos sobre discapacidad recogidos en la Convención de la ONU

ÁVILA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa redonda celebrada hoy en Ávila dentro de las jornadas 'La Convención de derechos de la ONU: ciudadanía y género' concluyó la necesidad de controlar y velar por el cumplimiento de los derechos que recoge la Convención del organismo internacional en relación a las personas con discapacidad.

La delegada del CERMI para la Convención de la ONU, Ana Sastre, aseguró en esta iniciativa impulsada por la Federación Coamficoa, que durante muchos años la integración social de las personas con discapacidad "se ha hecho exclusivamente desde los departamentos de políticas sociales y no desde el enfoque de derechos propios en todas las políticas públicas que es lo que quiere hacer la Convención".

En este sentido señaló que la novedad de la Convención "son los principios, las medidas y las obligaciones" que establece para todos los estados que la ratifiquen. Así, apostó por la necesidad de "seguir de cerca" el cumplimiento de estos derechos para las personas con discapacidad, según informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento.

Sastre añadió que ha habido un cambio formal del modelo social de la discapacidad que reconoce la Convención, con igualdad de oportunidades basada en derechos, con políticas transversales, reconociendo la autonomía personal y respetando la diversidad. Además, subrayó la importancia de lanzar el mensaje de que la Convención "no es exclusivamente para las personas con discapacidad, si bien da visibilidad social y es un nuevo instrumento jurídico de reclamación".

Por su parte, la asesora del director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad (MEPSYD), Encarnación Blanco, señaló que la Convención sirve para "aclarar a los gobiernos las obligaciones que tienen con las personas con discapacidad". Además, según Blanco, debe servir para tener en cuenta a este colectivo "en la aprobación de nuevos programas o nuevas políticas".

En su opinión, la aplicación de la Convención tiene que obligar a "crear servicios, productos, bienes e infraestructuras accesibles" para las personas con discapacidad, así como a enfocar la discapacidad bajo un modelo social o de ciudadanía.

El profesor de Derecho Internacional Público del Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas' de la Universidad Carlos III de Madrid, Francisco José Bariffi, indicó por su parte que la Convención implica un impacto en la legislación española y una mayor visibilidad de la discapacidad, "siendo el mayor estándar de protección universal de los derechos humanos de las personas con discapacidad".

"Es necesario que todos los actores involucrados se unan para conseguir su efectiva aplicación, al igual que las personas con discapacidad tienen que adquirir espacios de poder y de decisión dentro de la sociedad española", añadió.

En su intervención, Marta Valencia, miembro de la Comisión de la Mujer del CERMI, calificó de "logro importantísimo" que en la Convención haya un artículo concreto sobre la mujer con discapacidad, debido al retraso que lleva el movimiento. También incidió en la importancia de que el texto incluya a los niños y niñas con discapacidad, "para proteger su vulnerabilidad".

Asimismo señaló que en los medios de comunicación la imagen de la mujer con discapacidad "está limitada" y reconoció que se debe luchar "por una imagen más normalizada participando y adoptando posturas de liderazgo dentro del movimiento asociativo".