La Junta aprueba por decreto un operativo de incendios todo el año, público con un coste de 20 millones

   VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León ha aprobado un decreto ley que modifica el operativo de prevención y extinción de incendios para que la próxima campaña ya trabaje todo el año, con el fin de que sea público en 2028 y para que recoja la figura de bombero forestal, lo que tendrá un impacto económico de 20 millones de euros, 12,5 de ellos por su ampliación a los doce meses.

   La media, que entrará en vigor con su publicación este viernes o el próximo lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) pero tendrá que convalidarse en las Cortes, supondrá cambios en las relaciones de puestos de trabajo que se aprobarán antes de final de año para que los fijos discontinuos trabajen los doce meses y la creación de un nuevo grupo de Cuerpo de Agentes Medioambientales, todo ello de cara a la próxima campaña en 2026.

   Así lo ha explicado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, en la que ha explicado que la finalidad de este decreto ley es perfeccionar el dispositivo en el ámbito del personal para ser más eficaces para proteger más y mejor la vida personal y el medio natural.

   En esta línea, ha señalado que se mejoran las condiciones de trabajo de los integrantes del operativo y se aumenta su profesionalización y ha destacado que se recoge "gran parte, si no la totalidad de las reivindicaciones históricas del colectivo.

   El conjunto de las medidas que se recogen en el decreto ley tienen un coste estimado de 20 millones de euros, de los que la mayor parte se calculan para extender el operativo a todo el año, 12,5 millones de euros y aproximadamente tres para el cambio de categoría de los agentes medioambientales y otros tantos para lo que supondrán los complementos específicos como los de los bomberos forestales.

   En concreto, en el decreto ley se contempla el paso de todos el personal fijo discontinuo a continuo, por lo que habrá que modificar la relación de puesto de trabajo, de manera que no sólo se contemple la actividad de extinción sino previamente la de prevención y mantenimiento de infraestructuras y una posterior a la época crítica de incendios de restauración.

   Además, ha señalado que el hecho de que este operativo esté todo el año permitirá la participación y colaboración del colectivo en cualquier situación de emergencia o catástrofe natural, no sólo de incendio, sino por ejemplo también en una inundación.

PÚBLICO Y CON BOMBEROS FORESTALES

   Por otra parte, el decreto contempla el carácter público de todo el dispositivo, lo que se alcanzará progresivamente en tres años, entre 2026 y 2028, aunque ha aclarado que "lógicamente" hay una serie de servicios o actividades del sector privado que se tendrán que mantener como pilotos, mecánicos aéreos o conductores de bulldózer, pero ha insistido en que todo será público.

   A este respecto, ha aclarado que no será necesaria una Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, pero sí serán necesarios nuevos puesto para incendios que se incluirán en la correspondiente anualidad, aunque ha apuntado a la limitación que supone la tasa de reposición fijada por el Estado. Aún así, ha añadido que el pase sucesivo en tres años de la parte privada a la prestación por parte del sector público supondrá "importantes ofertas" para absorber y garantizar la prestación del servicio --en 2026 un tercio del servicio--.

   Además, con el decreto se reconoce la figura de bombero forestal, por lo que todos empleados públicos que se dedican a incendios serán designados como tales, de manera que se da cumplimiento a las leyes estatales de bomberos forestales y de agentes medioambientales.

   González Gago ha concretado que con esta medida adquirirán esta condición parte de ingenieros superiores de montes, ingenieros forestales y agentes medioambientales, para los que se establecerá un complemento específico que, en los grupos A1 y A2 tendrá una cuantía de 2.660 euros al año, mientras que para el B y B1 de 1.050.

   En el caso del personal laboral, el consejero ha aclarado que se está negociando la modificación del convenio colectivo, y en su caso se aplicará a las categorías de operador centro mando, conductor maquinista de autobomba, vigilante de incendios, peón de montes y extinción y celador de medio ambiente, con la oferta del mismo complemento que para los funcionarios (1 y 2 de 2.660 y 3 y 4 de 1.050).

   El titular de Presidencia ha recordado que con esta medida se facilita la jubilación anticipada de este colectivo, ya que conllevará la cotización a la Seguridad Social para que se apliquen los coeficientes reductores correspondientes.

AGENTES MEDIOAMBIENTALES

   Además, otra de las medidas supondrá la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales en el grupo B por integración directa para los titulados adecuadamente para ello, técnico superior en gestión forestal y del medio natural o equivalente, y se incrementa intervalo para complemento de destino y se mejoran retribuciones así como complemento de carrera profesional horizontal.

   Todas estas medidas, ha apuntado González Gago, serán de aplicación inmediata mediante la incorporación en la relación de puestos de trabajo que la Junta se ha comprometido a modificar antes del 31 de diciembre.

   Otra medida recogida en el decreto ley es la mejora de la formación con un programa específico de formación sectorial para todos los que adquieran la condición de bombero forestal, a través del Centro de Defensa del Fuego y la Escuela de la Administración Pública (Eclap), que estará vigente y aplicable en 2026.

   Asimismo, el texto aprobado contempla otras medidas añadidas para facilitar y mejorar el dispositivo como la previsión de que pueda existir un procedimiento especial para la provisión temporal de puesto de bombero forestal en los supuestos de más alto peligro, "un procedimiento ultra rápido", dado que el habitual de bolsas puede dilatarse en el tiempo.

   De la misma forma, en circunstancias excepcionales, se recoge que, si todos aquellos puestos calificados de bomberos forestales, por alguna circunstancia, no pudieran ser cubiertos por sus propios titulares, otros funcionarios de misma cualificación, grupo y categoría podrían voluntariamente cubrirlas.

   Gago ha justificado la aprobación del decreto ley ahora las circunstancias de "urgente y extraordinaria necesidad" para que la relación de puestos de trabajo esté aprobada antes de final de año y el operativo esté estructurado en primavera del año que viene, pero además ha señalado que el Gobierno entrará en funciones ante las elecciones previstas para el primer trimestre del año.

CRÍTICAS SINDICALES

   En cuanto a las críticas de los sindicatos de aprobar un decreto de forma unilateral que modifica categorías como la de agentes medioambientales sin haber cerrado una negociación, Luis Miguel González Gago ha señalado que se han mantenido reuniones en la Mesa General de Negociación y del convenio colectivo, pero ha señalado que se pretende que la relación de puestos de trabajo esté aprobada antes de fin de año porque con un gobierno en funciones "es difícil acometer cualquier medida que no sea de gestión ordinaria".

   Por ello, ha argumentado que si se quiere conseguir el objetivo "en tiempo" la negociación tiene que ser "eficiente" y no alargarse y ha expresado su confianza en que también haya acuerdos parlamentarios para que el decreto salga adelante.