La Junta reclama que el futuro Reglamento Europeo contra la Deforestación no tenga impactos negativos para las empresas

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha reclamado que el futuro Reglamento Europeo contra la Deforestación no tenga impactos negativos para las empresas.

Así se ha puesto de manifiesto en el Congreso 'EUDR: un análisis para su aplicación práctica en las industrias de la madera', una iniciativa organizada por la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid y el Colegio de Registradores de España que se ha desarrollado en el Edificio PRAE de Valladolid.

El encuentro reúne a expertos, representantes institucionales y agentes del sector forestal para abordar los retos que plantea el nuevo Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR, 1115/2023), que aún no ha entrado en vigor y concita inquietud e incertidumbre.

La jornada la han inaugurado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la directora del Servicio de Medio Ambiente y Consumidores del Colegio de Registradores, Rocío Perteguer Prieto.

El Reglamento EUDR, que se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2025, establece nuevas exigencias para garantizar que productos como la madera, el ganado bovino, el café, la soja, el cacao, el aceite de palma y el caucho no contribuyan a la deforestación, proceden de fuentes legales y están controladas, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Aunque los bosques en España y en Castilla y León han aumentado su superficie desde mediados del siglo pasado hasta ahora, fruto de una gestión forestal sostenible, en otros países en vías de desarrollo la situación es muy diferente. De ahí la aprobación de este Reglamento europeo que afecta a todo el comercio de la madera, y otros productos, en la Unión Europea.

Castilla y León, como comunidad con una importante actividad forestal e industrial, se posiciona como referente en la preparación y adaptación al nuevo marco legal europeo, ha explicado el Ejecutivo autonómico, que ha recordado que la Comunidad, con 905.571 hectáreas, es la de la mayor superficie forestal certificada en España, con el 30 por ciento de toda la superficie forestal nacional, como muestra de que la gestión forestal realizada se hace bajo los parámetros legales, ecológicos, económicos y sociales más exigentes.

REGLAMENTO

El congreso, organizado en tres mesas de diálogo, analiza los aspectos clave del EUDR, como la diligencia debida, la geolocalización de parcelas no deforestadas, cuál será el impacto de este reglamento en las empresas de la Comunidad y la visión del sector industrial de la madera.

Entre los ponentes destacan representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Aspapel, Fafcyle, CEMCAL, Cesefor, ANFTA y Aefcon, así como investigadores de universidades nacionales e internacionales.

La Junta de Castilla y León ha incidido en que trata de reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la trazabilidad en el sector forestal con la promoción de espacios de encuentro y reflexión como este congreso, pero mantiene un espíritu crítico ante la entrada en vigor del Reglamento, el próximo día 31 de diciembre de 2025, y considera necesario un nuevo aplazamiento del inicio de su vigencia.

Ésta es la postura que ha mantenido el consejero Suárez-Quiñones en su intervención, en la que ha puesto de manifiesto que la aplicación de esta normativa no puede ser una dificultad para los sectores productivos y las empresas, sino para su desarrollo y competitividad.

Además, ha reclamado la reforma del Reglamento incluso antes de entrar en vigor, consenso con los sectores implicados y una diferenciación entre los productos de terceros países que no tienen las garantías de sostenibilidad ambiental, social y cumplimiento de las normas que sí acreditan productos europeos y nacionales, que las tienen desde hace décadas por lo estricto de las normativas europea y nacional.

Finalmente, el consejero ha pedido la eliminación de burocracia que sepulta a las empresas más pequeñas y la exención del papeleo a productos y empresas de países de bajo riesgo.