La Junta recurrirá el nuevo decreto del Gobierno sobre reparto de menores extranjeros no acompañados

   VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores.

   El Ejecutivo autonómico mantiene una "posición firme" frente a la política que el Gobierno de España quiere impulsar en materia de menores extranjeros no acompañados, al considerar que "vuelve a actuar de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades y sin respetar las competencias que corresponden a cada comunidad en materia de protección de menores".

   La Junta entiende que la capacidad ordinaria del sistema vuelve a fijarse en función de "criterios políticos" y "no por la capacidad real de acogida de cada territorio", lo que "dificulta una adecuada planificación de los recursos y compromete la sostenibilidad del sistema de protección", según ha indicado en un comunicado recogido por Europa Press.

   Además, el Gobierno autonómico considera que teniendo en cuenta que por Real Decreto de 26 de agosto de 2025 ya se fijó un número de menores que fue de 783, y que también está impugnado, "el incremento asignado carece de una justificación objetiva".

   "Mientras que la población de Castilla y León ha crecido únicamente un 0,72 por ciento entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el número de menores asignados aumenta un 6,38 por ciento, pasando de 783 a 833, una diferencia que evidencia la falta de proporcionalidad en los criterios aplicados por el Gobierno y su desconocimiento de la realidad de Castilla y León", ha señalado la Junta.

   Por todo ello, los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, interpondrán en los próximos días el correspondiente recurso contra la norma publicada, con el objetivo de "defender las competencias de Castilla y León, y garantizar un sistema de protección adecuado".