PCAS-TC denuncia a la Junta de Castilla y León por un delito de imprudencia grave por los incendios del verano

BURGOS 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha presentado ante la Fiscalía de Castilla y León denuncia por imprudencia grave por parte de la administración pública en la gestión, prevención y extinción de los incendios forestales que afectaron a Castilla y León durante el verano de 2025, que puede derivar en responsabilidad penal para funcionarios, altos cargos o autoridades de la Junta de Castilla y León.

Según han asegurado fuentes de la formación castellanista en un comunicado recogido por Europa Press, en el marco del Código Penal español, estos hechos "pueden imputarse a través de diversas figuras delictivas, principalmente centradas en la omisión del deber de socorro, la prevaricación y los delitos contra el medio ambiente".

Los incendios forestales del verano de 2025 en Castilla y León fueron, como recuerdan las mismas fuentes, "devastadores, destacando como uno de los peores años del siglo XXI con más de 140.000 hectáreas forestales arrasadas".

Se confirmaron, han añadido, cinco fallecidos, entre ellos voluntarios y un bombero, y se produjeron "evacuaciones masivas en el oeste de León y Zamora, con daños severos al patrimonio natural, incluyendo amenazas a espacios de extraordinario valor ambiental, paisajístico y patrimonial como Las Médulas".

Los principales daños e impactos, han resumido, fueron las cinco víctimas mortales ..dos voluntarios de desbroce en Zamora y un bombero en León y otras dos por consecuencias directas del fuego--; se produjeron desalojos preventivos en numerosos municipios, con miles de evacuados; "casi 150.000 hectáreas" forestales calcinadas (siete veces más que la media de la última década), con afecciones a la biodiversidad y hábitats naturales, con alto riesgo de erosión y pérdida de nutrientes y suelo fértil, además de contaminación de las aguas por cenizas.

A ello han sumado daños al Patrimonio con fuegos en "zonas de alto valor ecológico y cultural, como en la Sierra de la Culebra y el Monumento Natural de Las Médulas (León)"; además del impacto económico en la economía local basada en la apicultura, recolección de setas, turismo rural y explotación maderera, la ganadería, los cultivos, dificultando el desarrollo rural y aumentando el riesgo de despoblación.

Los incendios, han advertido, "mostraron un comportamiento extremo (incendios de sexta generación) con alta velocidad e intensidad, dificultando las labores de extinción por parte de medios terrestres y aéreos".

El PCAS-TC considera en su denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León contra la Junta que la gestión ante los incendios forestales realizada por los responsables políticos del gobierno autonómico fue "negligente, poco profesional e irresponsable, ante situaciones críticas, con actitudes y decisiones que contribuyeron a aumentar los riesgos y los efectos devastadores de los siniestros".

"AVISO PREVIO" EN 2022

Reprochan que la administración autonómica, "a pesar de los destructivos incendios de 2022, que fueron un aviso previo, ha evitado la actualización del decreto Infocal, la normativa básica para la prevención y extinción de incendios, cuya reforma fue exigida por el Procurador del Común en 2018 y que finalmente no se ha aprobado hasta 2025, once años después de la obligación inicial".

"Este irresponsable retraso ha dejado desprotegidos a muchos municipios con riesgos forestales, comprometiendo la seguridad de las personas, de sus bienes y de sus propiedades", han advertido.

La gestión forestal de la Junta de Castilla y León ha sido, considera, responsable "penalmente de la intensidad de los daños provocados y de la gravedad de los incendios, ya que hay una creciente privatización encubierta del servicio público de prevención y extinción de incendios a través de contratos fragmentados con empresas privadas, que generan necesidades artificiales para que estas empresas obtuvieran beneficios económicos y recurriendo a organismos como Somacyl o la Fundación Patrimonio Natural para eludir las normativas y criterios que debe cumplir la administración pública".

Esas "evidencias" justifican la "obligación" del partido castellanista de "llevar estos hechos, presuntamente constitutivos de delito, a la Fiscalía de Castilla y León para cumplir con su obligación de defender a la ciudadanía y al medio ambiente", y considera "responsables directos al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ambos del Partido Popular".

Para el PCAS-TC "existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno".