BURGOS 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Luis Escribano, acompañado de la concejal socialista, Esther Peñalba, ha exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, la "máxima responsabilidad" por la obra "ilegal" realizada en el aparcamiento subterráneo del Complejo Museístico de la Evolución Humana, después de que Secretaría General confirmase la inexistencia de informes al respecto de las ejecuciones.
"Es una actuación ilegal y caprichosa, que no puede consentirse en una institución democrática", ha aseverado Peñalba en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de anunciar que el PSOE estudiará la posibilidad de acudir a la vía judicial para esclarecer los hechos.
En este sentido, ha explicado que el expediente de las obras fue aprobado por unanimidad por el Consejo de la Sociedad Municipal Parkmusa, integrado por el propio alcalde y el concejal de Obras, Santiago González Braceras, entre otros miembros del equipo de Gobierno local, lo que a su juicio indica que el edil de Obras votó a favor, pese a mostrar su disconformidad con las intervenciones.
Asimismo, ha asegurado que el expediente no posee "informe alguno", tal y como requiere la vía reglada para este tipo de ejecuciones, por lo que ha señalado que se trata de un "procedimiento irregular", dentro de una "actuación ilegal".
El informe de Secretaría General sobre las obras en el aparcamiento subterráneo se ha hecho público después de que el alcalde solicitase información para saber si la oposición podría tener acceso o no a la información de la Sociedad Municipal Parkmusa.
Una cuestión que planteó después de que IU y PSOE requiriesen toda la documentación relativa a las obras de un cerramiento en el aparcamiento subterráneo del Complejo Museístico de la Evolución Humana, para trasladar a esta ubicación parte de las dependencias municipales que en la actualidad se encuentran en el aparcamiento de Santo Cildes.
El documento remitido por Secretaría General acredita a todos los grupos de la oposición para acceder a los datos solicitados, teniendo en cuenta la predominancia del derecho a la información.