PSOE exige a Junta y a administraciones locales de Burgos que dejen el "bloqueo" y apliquen el Plan Estatal de Vivienda

BURGOS 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del PSOE de Burgos, Esther Peña y la secretaria autonómica de Política de Vivienda, Ana Casado, ha exigido este martes a la Junta, a la Diputación y al Ayuntamiento de Burgos que cesen en su "bloqueo institucional"; y ejecuten las herramientas contempladas en la Ley de Vivienda y en el Plan Estatal de Vivienda con el objetivo de aumentar el parque público y mitigar el incremento de precios.

Así lo han manifestado durante una jornada informativa sobre materia habitacional donde las responsables socialistas han denunciado que las medidas impulsadas por el Gobierno central "no están llegando a la provincia"; por la falta de gestión de la administración autonómica y de los ejecutivos locales gobernados por el Partido Popular.

En este sentido, Esther Peña ha señalado que el precio del alquiler en la provincia se ha incrementado un 6,4 por ciento en el último año, por encima de la media regional al tiempo que ha defendido que la ciudad de Burgos reúne "condiciones privilegiadas" para el desarrollo de un nuevo modelo residencial de alquiler social, debido al dinamismo industrial de la zona y a la disponibilidad de parcelas de titularidad pública.

Asimismo, ha estimado en cerca de 160 millones de euros el valor del patrimonio municipal en solares e inmuebles del Ayuntamiento de Burgos. Por ello, han reclamado formalmente a la alcaldesa, Cristina Ayala, la realización de una auditoría para actualizar el inventario de parcelas edificables y destinar dicho suelo de forma prioritaria al alquiler asequible para jóvenes.

Según las cifras aportadas por el PSOE, las inversiones ejecutadas por el Ejecutivo central en la provincia en materia de alquiler social ascienden a 12 millones -con proyectadas 200 viviendas en Burgos capital, 38 en Aranda de Duero y 30 en Miranda de Ebro-, a los que se suman 8 millones dirigidos a la rehabilitación de 180 inmuebles en Aranda de Duero y 150 en Miranda de Ebro, además de las actuaciones previstas en el suelo de la antigua cárcel de Briviesca.

Por su parte, la secretaria autonómica de Vivienda, Ana Casado, ha presentado las líneas maestras del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 378 millones de euros para el conjunto de Castilla y León durante sus cinco años de vigencia.

Casado ha advertido de la contradicción existente en la provincia, donde las zonas de mayor desarrollo industrial sufren escasez de oferta habitacional mientras que el medio rural presenta viviendas desocupadas que requieren rehabilitación.

Asimismo, la responsable socialista ha criticado que la Junta mantenga un retraso en la elaboración del mapa de demanda previsto en la Ley autonómica del Derecho a la Vivienda de 2010.

Según ha explicado Casado, la firma del convenio bilateral entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad autónoma está prevista para principios de septiembre, momento en el que se transferirá la primera anualidad -financiada íntegramente por el Estado- y a partir de la cual los municipios deberán canalizar sus solicitudes mediante acuerdos específicos por cada línea de actuación.