UPL exige a la Junta defender a los remolacheros de León tras la rescisión de contratos de AB Azucarera

Archivo - Imagen de archivo de la Fábrica de la Azucarera en La Bañeza (León).

- Fernando Otero - Europa Press - Archivo

LEÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido este jueves a la Junta de Castilla y León que defienda a los remolacheros de León tras conocer que la empresa AB Azucarera ha rescindido unilateralmente los contratos con varios cultivadores de remolacha para la próxima campaña.

Esta rescisión de contratos supone "un duro varapalo más" que supone "condenar" a una comarca "ya tocada" por el cierre de la Azucarera de La Bañeza y la ausencia de alternativas industriales.

En este contexto, la formación leonesista se ha sumado a la petición de la organización Asaja para la "urgente intervención" de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de que actúe mediante la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios, creada por el Decreto 47/2018 de 31 de octubre.

"Todo ello para que se proteja a los agricultores de la provincia con una decisión que no hace sino que poner aún más en riesgo la viabilidad de un cultivo gravemente afectado por el cierre de la Azucarera de La Bañeza", ha agregado y ha expuesto que la compañía alega "desatención del cultivo y rendimientos inferiores a los deseados", lo que lleva a muchos agricultores a aceptar acuerdos "muy desfavorables" para evitar el proceso judicial que conllevaría no hacerlo.

"UN FUTURO NEGRO"

Para la UPL, se trata de un "duro varapalo" para el sector agrario y para el mundo rural de León y la Junta debe garantizar su defensa y la pervivencia de un modo de vida que ahora tiene "un futuro negro". A esta situación se suma la "mínima proactividad" de la Administración autonómica a la hora de garantizar una alternativa para las instalaciones de la Azucarera de La Bañeza, tras el anuncio de su cierre definitivo.

La formación leonesista ha lamentado que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se limite a decir que "no se plantean opciones satisfactorias" en un compromiso institucional "inexistente" que, ha asegurado, se evidencia con casi medio año de "ausencia de alternativas" y que requieren de un mayor grado de implicación para que la comarca mantenga el uso productivo y el empleo pérdido.