La Audiencia de Tarragona estudia si el instructor del 'caso Montoro' debe ceder la causa a Madrid

TARRAGONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Tarragona estudia este lunes el recurso de apelación presentado por la defensa de Equipo Económico contra el rechazo del titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus, de ceder la causa en la que se investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a un juzgado de Madrid.

Según han informado fuentes judiciales a 'Europa Press' y ha avanzado 'El Periódico', el tribunal deliberará este lunes si el asunto debe cambiar de manos.

En el marco de esta causa, el juez de Tarragona indaga si Montoro se aprovechó de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.

Rus desestimó en abril la petición de las defensas de varios investigados, que sostienen que no es competente para llevar a cabo la investigación.

EL RECURSO

Las defensas presentaron un recurso de apelación contra esta decisión y reclamaron a la Audiencia que revocase la decisión del instructor y declarase incompetente al juez de Tarragona, alegando que en la resolución no aparece "un solo elemento del tipo que haya llegado a producirse en Tarragona", sino que alude a que es allí donde aparecen los primeros indicios.

"Siendo así, los pagos efectuados desde Tarragona constituyen, en el mejor de los casos, actos preparatorios o instrumentales, mientras que la eventual realización de cualquiera de los tipos penales mencionados (concretados en las acciones de 'pagar', 'influir' e 'inducir' a las que se refiere el auto) se situaría en un momento posterior; allí donde ese tercero despliega la verdadera actividad de influencia o intermediación con autoridades o funcionarios", apunta.

Para la defensa del despacho, pretender fijar el lugar de comisión en Tarragona supone "confundir el contexto de origen de los fondos con el de ejecución de la conducta típica, desplazando artificialmente la competencia territorial".

"Si se sostiene que la influencia o interacción con autoridades se produjo directamente desde las propias empresas radicadas en Tarragona, resulta incierto entonces cuál sería el papel efectivo de mi representada en la supuesta dinámica comisiva", subraya la defensa.

Argumenta que el hallazgo de correos electrónicos durante un registro de los Mossos d'Equadra en la empresa Messer, con sede en Tarragona, es insuficiente como para "determinar la atribución de la competencia territorial para la instrucción".

En esta causa, el juez investiga a personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.