BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado de CiU en el Parlament y expresidente de Adigsa Ferran Falcó declarará como imputado el 22 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el presunto cobro de comisiones ilegales de hasta un 20% a cambio de adjudicación de obra por parte de esta empresa de la Generalitat.
Según ha informado este viernes el TSJC, este mismo día declarará el exconsejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fontdevila, también imputado en este caso de presuntas comisiones a cambio de otorgar obras de rehabilitación de pisos de segunda mano de protección pública entre 2002 y 2004, durante el último gobierno de Jordi Pujol.
En el caso están imputados Falcó --también líder de CiU en el Ayuntamiento de Badalona--, Fontdevila, el exdirector del Area Técnica Jordi Huguet, el exresponsable del Departamento de Adquisiciones Xavier Sala y los constructores Jordi Honrubia, Ángel Egido y José Antonio Salguero, y al intermediario Josep Maria Penín.
El Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona, que ya dio por concluida la investigación, tuvo que inhibirse del caso en favor del TSJC después de que Falcó fuera elegido diputado en el Parlament de Catalunya en los comicios de 2010.
Según el juez de instrucción que llevó el caso, los imputados pueden ser responsables de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil.
La investigación judicial del cobro de comisiones ilegales de Adigsa se deriva de una querella presentada por la Fiscalía en diciembre de 2005, después de que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall acusara implícitamente a CiU durante un pleno del Parlament de haber cobrado comisiones del 3% de constructoras a las que adjudicó obras durante sus años de gobierno.
Las irregularidades se produjeron en el proceso administrativo de adjudicación de las obras para rehabilitar las viviendas de Adigsa; si habitualmente se escogía entre tres empresas, en este caso se concedieron a dedo a pequeños constructores a cambio del pago de comisiones y sin cumplimentar el trámite administrativo necesario.
Según el auto judicial, el entonces consejero delegado, Josep Antoni Fondevila, adjudicaba directamente expedientes de contratación "al margen del procedimiento habitual ignorando las irregularidades" en los mismos y disponiendo que el área técnica elaborara posteriormente los documentos para el expediente y pago de los contratistas.
