El fiscal pide cinco años y medio de cárcel para 20 acusados por el asedio al Parlament

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años de cárcel para 20 manifestantes que participaron en el asedio al Parlament que el 15 de junio de 2011, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban entrar en la cámara.

En un escrito de acusación presentado este viernes, la fiscal Teresa Sandoval atribuye a los acusados un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad, y reclama que a cada uno se le imponga además una multa de 7.500 euros.

El Ministerio Público destaca que los diputados --entre los que se estaba el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que acceder al recinto por el "método absolutamente inhabitual" del helicóptero-- fueron rodeados e increpados por grupos que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".

"ACTITUDES INTIMIDATORIAS"

Tras señalar que los 20 acusados tuvieron una activa intervención, la fiscal apunta que todos desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias que tenían por objeto impedir la asistencia de los diputados a la sesión plenaria", que empezó con un retraso de 11 minutos y con sólo 70 de los 135 diputados.

Los acusados son Javier T.O., Cristóbal Nicolás A.B., Daniele V., Rubén M.M., Marta P.M., Alejandra C.B., Francisco José C.G., Alessia B., Antoni D.G., Jordi R.P., Javier V.M., María D.G., Ignacio A.I., Joan P.T., Ángela B.A., Ciro M.R., Álvaro C.S., Olga Á.J., Carlos M.D. y José María V.M..

A éste también se le imputa una falta de daños por perseguir a la parlamentaria socialista Montserrat Tura y utilizar un spray para pintarle una cruz en la gabardina que llevaba.

INSULTOS AL DIPUTADO CIEGO

Entre los hechos que describe la Fiscalía en su escrito de acusación se encuentra el acoso al que fue sometido el presidente de la Generalitat, cuyo vehículo fue interceptado en unas vías del tranvía cuando era trasladado a la sede del Parlament: uno de los imputados encaró el vehículo oficial colocando sus manos encima del capó, al que se subió y empezó a golpear.

Unos metros más adelante, el coche de Mas fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de abrir la puerta del coche, lo que no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado; al no lograrlo, arrojó un cono de plástico contra uno de los vehículos de la comitiva, que buscaron un lugar seguro para posteriormente trasladar a Mas "por la vía aérea descrita", que también utilizó la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert.

De igual modo, según Fiscalía, los manifestantes increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos al diputado ciego de CiU, Josep Maria Llop, y golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" a Alfons López Tena (SI); también sufrieron el acoso los diputados Joan Boada, Gerard María Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.

MANIFESTACIÓN CONTRA RECORTES

Los incidentes se produjeron en el contexto de una manifestación convocada bajo el lema 'Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes' y después de que durante la noche desconocidos pusieran materiales de obra, como vallas, hormigón, cuerdas y maderas, en las puertas de acceso al recinto parlamentario para evitar el acceso de los diputados.

Ante la concentración masiva de personas y el "loqueo de los acceso al Parc de la Ciutadella, los diputados accedieron por la calle Pujades, en la que se concentraron 600 personas que "arrojaron objetos contundentes contra los parlamentarios y agentes policiales que les protegían".

El juez Eloy Velasco continuó en abril con este procedimiento tras dictar un auto que señalaba que delitos menores e incluso de faltas, como los atribuidos a los imputados, se convierten en graves si existe un componente de "intimidación ambiental".

Por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Velasco envió la causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el Supremo resolvió en noviembre que la Audiencia Nacional era la competente para investigar estos hechos por considerar que el Parlament debe considerarse una institución del Estado.