Recuerda que lo ocurrido "no es un juego de niños" y que en este caso ha quedado "dramáticamente de manifiesto"
BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía mantuvo hoy su petición inicial de 11 años de prisión para Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan Daniel P.G., acusados de dejar en coma a un guardia urbano de una pedrada durante los altercados del 4 de febrero de 2006 en la calle Sant Pere més Baix de Barcelona, al considerarles coautores de una "agresión clara" hacia el agente, en estado vegetativo dos años después.
La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona celebró hoy la última sesión del juicio contra los tres jóvenes y contra otras seis personas a raíz del enfrentamiento con la Policía municipal durante el desalojo de un inmueble 'okupado', en el que la madrugada del 4 de febrero se celebró una macrofiesta ilegal que reunió a más de 1.000 personas.
Pese a mantener su petición de condena para los tres principales encausados, durante el trámite de conclusiones definitivas la Fiscalía rebajó su petición inicial de entre cuatro y ocho años de cárcel para Patricia H.M., Alfredo Carlos P.M., Heike B., Jordi M.G., Alejandro C.R. y Silvia R.O. a penas de entre un año y medio y tres años y medio de prisión.
Durante su informe final, la Fiscalía consideró acreditado que la madrugada del 4 de febrero se produjo una agresión "clara" contra el agente y señaló a los tres principales acusados como "cabecillas" de un grupo al que "alentaban, dirigían y animaban" en su acción. A su entender, los tres son coautores de la agresión porque actuaron de forma "conjunta" para acometer contra los policías municipales, arrojarles objetos y causarles lesiones.
Por ello, el Ministerio Fiscal solicitó la misma pena para los tres principales acusados, pese a que les atribuye grados de participación diferentes. Según la acusación pública, Rodrigo Andrés L.H. lanzó la piedra que hizo caer al guardia urbano y golpearse en la cabeza, mientras que Álex C.A. tiró un segundo objeto que impactó contra su cuerpo y Juan Daniel P.G. se dedicó a incitar al grupo para que continuara con la agresión, a lanzar objetos y a jactarse del agente herido.
"No cabe valorar por separado lo que hace cada uno de los acusados", señaló la fiscal, quien consideró "indiferente" que uno de ellos no utilizara los medios que usó el resto porque "el ataque fue plural". Por ello, la Fiscalía atribuye a Rodrigo Andrés L.H. --chileno de 23 años--, a Álex C.A. --de 27 años y también chileno-- y a Juan Daniel P.G. --argentino de 24-- el delito más agravado de lesiones, a la vez que el de atentado contra la autoridad.
AUTORIDAD Y ABUSO DE PODER.
La fiscal, por otra parte, quiso hacer una "breve reflexión" durante su informe, y consideró que en este caso "existe, quizá, una actitud de identificar a la autoridad con el abuso de poder". A su entender, el enfrentamiento contra la autoridad puede vivirse "con una cierta dosis de irresponsabilidad" cuando se es joven, como los acusados, pero "esto no es un juego de niños" y "en este caso ha quedado dramáticamente de manifiesto".
La representante del Ministerio Fiscal recordó que los agentes de Policía son los representantes de la autoridad y, por tanto, "los defensores de la ley". "Por tanto, las personas que se enfrentan de manera ilegítima a los agentes en el ejercicio de sus funciones deben saber que se enfrentan a la ley", afirmó.
La Fiscalía, por otra parte, consideró muy importante la "veracidad" de la declaración de los tres compañeros de patrulla del agente herido, únicos testigos directos de la agresión y que hicieron una identificación "clarísima" de los tres principales acusados. A su entender, "no son parte interesada" en el caso, pese a que Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan Daniel P.G. han denunciado a dos de ellos por presuntos maltratos durante la detención y posterior traslado a comisaría.
La fiscal, sin embargo, no consideró "lógica" la versión de los acusados y de los testigos aportados por las defensas, ya que de ella se desprende que "cuatro policías que llevaban allí toda la noche sin ningún problema" se enfrentaron a un grupo "de unas 40 personas" sin que éstas "hicieran ningún tipo de provocación". "Los cuatro contra todos estos", añadió. A su entender, por tanto, no hay "ninguna versión" que contradiga el testimonio incriminatorio de los agentes.
LAS PRUEBAS NO SE RECOGIERON "DE LA MEJOR MANERA".
En cuanto a las discrepancias entre los peritos médicos, la Fiscalía mantuvo su tesis de que el agente recibió un impacto frontal y cayó de espaldas al suelo, tal y como explicaron ayer las dos forenses adscritas al juzgado que instruyó la causa. La fiscal aseguró que las dos especialistas fueron "absolutamente imparciales", a diferencia de los cuatro peritos aportados por las defensas, y confió en su "solvencia clínica y profesional total".
El Ministerio Fiscal no negó que cayeran objetos desde el edificio 'okupado', tal y como mantienen las defensas, pero afirmó que "la responsabilidad de las personas que tiraron objetos desde la casa no elimina la responsabilidad de estas tres personas que están sentadas en el banquillo". A su entender, además, la Guardia Urbana no se dedicó a "detener indiscriminadamente", ya que de otra manera "este juicio no sería sólo contra nueve personas".
Respecto a la recogida de pruebas por parte de los agentes --que no acordonaron la zona ni preservaron la piedra que presuntamente golpeó al agente--, la fiscal reconoció que "quizá no se hizo de la mejor manera", aunque lo justificó alegando que la situación era de "nerviosismo generalizado" ante un "follón de mucho cuidado" y que, por tanto, se preguntó: "Cómo vamos a pretender que se recoja esa piedra".
La fiscal señaló también durante su informe que "en ningún momento se ha dicho que los acusados pertenezcan al movimiento 'okupa'", ya que sólo se ha hecho referencia a esta "estética" a "puros efectos identificatorios". Según dijo, en la fiesta entró gente de todo tipo y algunas pertenecerían "al movimiento 'okupa'", aunque ello es "absolutamente indiferente", ya que "aquí lo que se imputan son hechos".
La acusación particular ejercida por la familia del guardia urbano herido solicita la misma condena que la Fiscalía para Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan Daniel P.G., petición que el Ayuntamiento de Barcelona --propietario del inmueble 'okupado'-- y la acusación particular ejercida por los otros agentes heridos elevan a 12 años de cárcel.
