La Generalitat emplaza a entes locales a trabajar en acuerdos sobre pobreza energética

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat ha emplazado a administraciones, diputaciones y ayuntamientos a analizar la propuesta de Endesa de cofinanciar la mitad de la deuda energética para personas en situación de vulnerabilidad social, han informado a Europa Press fuentes del departamento.

Ha celebrado que la compañía energética "haya decidido afrontar la lucha contra la pobreza energética", después de que en enero de 2017 las distribuidoras eléctricas contaran con la propuesta de convenio con las administraciones públicas para que las empresas suministradoras se adhieran a la lucha contra la pobreza energética.

"Agradecemos la buena predisposición de Endesa a firmar convenios y emplazamos a la empresa y al resto de administraciones a firmar convenios", fruto de acuerdos y consensos que permitan concretar acciones y compromisos, ha añadido.

Pese a que la Conselleria de Empresa fue la que firmó los convenios con las distribuidoras y los puso encima de la mesa en 2017, la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias es la que tiene la partida y coordina las acciones en materia de pobreza energética.

Dispone de una partida presupuestaria de 10 millones de euros para hacer frente a las deudas contraídas por las familias en situación de vulnerabilidad con las empresas suministradores.

LO COORDINA ASUNTOS SOCIALES

El mismo departamento asume la tarea de coordinación con los servicios municipales de bienestar social para acreditar la situación de vulnerabilidad de los hogares.

El Ayuntamiento de Barcelona ha exigido a la Generalitat que lidere la firma de convenios para combatir la pobreza energética, como pidió ya en febrero, más de dos años después de acordar entre administraciones el desarrollo de la Ley 24/2015 y de definir el tipo de convenio con las suministradoras, ha explicado a Europa Press.

En declaraciones a Europa Press, la compañía se ha reafirmado en su posición de dialogar con los diferentes agentes para aplicar la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia de vivienda y pobreza energética y para dar una solución a las personas vulnerables "antes del próximo invierno", liquidando totalmente su deuda.

25.000 PERSONAS VULNERABLES

La compañía tiene detectadas cerca de 25.000 personas vulnerables en Catalunya a través de los servicios sociales, y que suman una deuda de más de 21 millones de euros a 30 de junio de 2019, señalaba la compañía en un comunicado el pasado jueves.

"De ellas, solo el 30% se ha beneficiado de las ayudas y descuentos del nuevo Bono Social que se aprobó a finales del año 2017", y añadía que todas estas personas vulnerables siguen acumulando deuda --tanto si se han acogido al Bono Social como si no--.

Ante ello, planteaba, "sobre la base del respeto a la legalidad establecida", un compromiso con las administraciones públicas para liquidar la deuda pendiente generada hasta ahora y evitar la interrupción de suministros.