Los impulsores de la prohibición taurina en Catalunya descartan que Rajoy pueda interferir

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Prou!, impulsora de la iniciativa legislativa popular (ILP) que cristalizó en la prohibición taurina aprobada por el Parlament, ha descartado que el nuevo Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy pueda interferir en la ley catalana.

En declaraciones a Europa Press para valorar la entrada en vigor de la abolición este 1 de enero, el portavoz Leonardo Anselmi ha asegurado que el colectivo está seguro de que el final de las corridas de toros en Catalunya es irreversible y un cambio legislativo a nivel estatal "sería prácticamente dictatorial".

Anselmi ha valorado que durante el tiempo transcurrido desde la aprobación de la medida en julio de 2010 "la decisión se ha afianzado", como demuestra que, un año después, el Parlament haya rechazado retomar el debate y se haya reafirmado en la prohibición incluso con más votos que un año antes.

A pesar de las declaraciones del PP contrarias a la abolición y al hecho de que el toreo haya sido declarado bien de interés cultural (BIC) en comunidades autónomas gobernadas por los populares, Prou! mantiene que la medida catalana es "absolutamente constitucional" y confía en que el Tribunal Constitucional (TC) así lo establezca en su respuesta al recurso interpuesto.

Adicionalmente, Anselmi ha considerado que el debate favorece a los postulados de los animalistas, y ha celebrado la extensión de la discusión a países latinoamericanos como Ecuador, Méxica y Colombia.

NEGOCIACIÓN DE INDEMNIZACIONES

La ley aprobada en el Parlament fija el primer semestre de 2012 como el plazo previsto para determinar las indemnizaciones económicas por el cese del toreo en Catalunya, unas cantidades que los taurinos elevan a más de 300 millones de euros y Govern y animalistas rebajan a miles de euros.

En todo caso, la ley posibilita trasladar al presupuesto de 2013 el hipotético pago y subraya que el Govern es el encargado de determinar el importe de la compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la prohibición, "con audiencia a los interesados".

La portavoz de Prou! en el debate parlamentario vivido en 2010, Anna Mulà, ha considerado también en declaraciones a Europa Press que Catalunya tiene las competencias necesarias para instaurar la prohibición, como aseguró en su día un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries catalán.

"No se puede pedir una indemnización millonaria para una actividad deficitaria", ha señalado Mulà, al considerar que el negocio taurino se sostiene por las subvenciones públicas y no por su rentabilidad económica.