Un informe del PEMB ve viable limitar la compra de pisos sin uso habitual en zonas tensionadas

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un informe encargado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) ve legalmente viable limitar la compra de inmuebles de uso residencial, sean pisos o edificios enteros, si no se destinan a un uso habitual, una medida que se aplicaría en las zonas tensionadas declaradas por la Generalitat.

Así lo ha explicado este viernes la vicepresidenta del PEMB y líder de BComú, Janet Sanz, junto al jurista externo Pablo Feu, que ha elaborado el informe, inspirado en las medidas que se están implementando en Ámsterdam para evitar la compra de viviendas con fines especulativos.

En concreto, la propuesta prevé que solo se puedan comprar pisos para uso habitual y, en el caso de los bloques enteros, se deban destinar todas las viviendas a alquiler habitual con un mínimo de 5 o 7 años, en función de si el comprador es persona física (5) o jurídica (7).

La medida también prevé excepciones en la compra de segundas residencias: permitiría adquirir una única segunda vivienda por persona en municipios tensionados, tratándola como una extensión del domicilio habitual.

La aplicación de la norma tampoco sería exigible en los casos en que el comprador adquiriera el inmueble no para destinarlo a su propia residencia, sino para destinarlo a familiares.

NO "MÁS CASAS ORSOLA"

Sanz ha defendido que la propuesta es muy necesaria ante la actual crisis de vivienda, ya que "haría desaparecer todas las brechas que hoy facilitan el fraude y, sobre todo, la compra masiva con el fin especulativo".

"Blindar que no haya más casas Orsola por la vía de evitar que puedan hacer estas compras si es para expulsar a sus vecinos. Si quieren comprar y mantener las rentas y alquileres asequibles, no habría problema", ha asegurado.

VIABILIDAD JURÍDICA

Según Sanz, la medida es legalmente viable porque la ley no solo recoge la posibilidad de limitar la compra para evitar la especulación, sino que la Constitución Española (CE) "avala la obligación política" de hacerlo para reducir la crisis de la vivienda.

En este sentido, Feu ha asegurado que la legitimidad de esta medida queda protegida, en primer lugar, con la actual crisis habitacional, que impide el derecho de acceso a una vivienda recogido en la CE, y, en segundo lugar, con la condición de temporalidad de la propuesta, que provoca que no se atente contra el derecho a la propiedad, también recogido en la CE.

LA APLICACIÓN: ¿DE QUIÉN DEPENDE?

Según el informe, la propuesta puede integrarse legalmente en diferentes niveles de gobierno (estatal, autonómico y municipal) utilizando instrumentos normativos ya existentes en el ordenamiento jurídico y de acuerdo con la distribución competencial constitucional.

La medida podría aprobarse mediante una norma con rango de ley en el ámbito estatal, mediante medidas de intervención del mercado a escala autonómica y mediante el amparo de la legislación básica estatal en el caso de los consistorios, que según Feu son los que más fácil lo tendrían si quisieran implementarla.

Para Sanz, su aplicación es una cuestión de "voluntad política", por lo que ha pedido reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona, la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Energética de la Generalitat y el Ministerio de Vivienda para abordar la medida.

Si la medida saliera adelante, Feu ha explicado que está "seguro" que alguien la recurrirá en el Tribunal Constitucional, así como que saldría avalada, y ha dicho que se deberían hacer ajustes en el ordenamiento jurídico para poder controlar que la norma se cumple y no se produzcan fraudes.