Una jueza obliga a readmitir a un profesor de la UdG despedido tras un expediente por acoso sexual

GIRONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Social número 2 de Girona ha ordenado la readmisión en la Universitat de Girona (UdG) de un profesor a quien no se renovó el contrato tras un expediente disciplinario por presunto acoso sexual, así como el abono de los salarios que dejó de percibir desde septiembre de 2024, y una indemnización por daños morales de 7.501 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este viernes Europa Press, considera nulo su despido y recoge que la decisión de no renovar el contrato vulneró "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", en las vertientes de garantía de indemnidad y presunción de inocencia, y es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El tribunal ha declarado nulo el despido del profesor porque constituye una "represalia institucional" vinculada directamente al ejercicio de su derecho de defensa durante la tramitación del expediente.

EXPEDIENTE EN 2024

En febrero de 2024, la UdG abrió un expediente por presunto acoso a una alumna por parte del docente, que en ese momento era profesor de máster en la universidad, en enero de 2020.

Colectivos feministas de la universidad difundieron a través de 'X' un comunicado donde acusaban al profesor de haber propuesto relaciones sexuales a dos de sus alumnas y de haberlas acosado a través de WhatsApp.

En un comunicado posterior, él admitió dichas proposiciones, pero rechazó la calificación de "acosador sexual" y se prestó a hacer mediación para restaurar el daño y trabajar su machismo y rol como docente.

ARCHIVADO EL EXPEDIENTE

La sentencia recoge que el 27 de agosto de 2024 el órgano instructor archivó el expediente disciplinario por prescripción de las infracciones, pero desestimó la declaración de nulidad que había solicitado el profesor y la incoación del procedimiento de responsabilidad patrimonial.

La sentencia deja constancia de que no existió "ninguna denuncia formal" ni ninguna prueba de acoso sexual, y que la UdG tampoco formuló una acusación formal concreto ni especificó qué normativa se había vulnerado.

La UdG optó por no renovarle el contrato, que finalizaba al acabar el curso 2023-2024, alegando que no tenía obligación de hacerlo.

La sentencia recoge la "íntima conexión" entre el expediente disciplinario incoado y la decisión extintiva, y considera que la universidad vulneró la garantía de indemnidad y la presunción de inocencia en tomar una decisión laboral motivada por un expediente archivado y sin resolución de fondo sobre los hechos.

REPARACIÓN

El abogado de Shaimi, Ricard Reynés, ha señalado en un comunicado la necesidad "de respetar el derecho a la defensa de las personas pese a que pueda existir rumor social contraria a esta presunción de inocencia".

Por su parte, Shaimi ve en la sentencia "una reparación imprescindible" de su dignidad personal y profesional, y un toque de atención necesario a la UdG para que cumpla sus deberes institucionales en la gestión de conflicto, informa en un comunicado.