Junts pide multar a municipios que nieguen el padrón "si fuera el caso" y limitar los que tensionen

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha propuesto multar "si se diera el caso" a los municipios que nieguen el derecho al empadronamiento así como limitar los que tensionen una ciudad y perjudiquen la estabilización de los anteriores recién llegados.

Así lo recogen en las enmiendas que han presentado a una moción de ERC en el Parlament sobre el modelo de acogida migratoria a las que ha tenido acceso Europa Press.

En ellas, ven necesario exigir al Estado hacer las modificaciones oportunas de la Ley reguladora de las bases de régimen local para "sancionar, si se diera el caso, a los municipios que incumplan el deber de empadronar a todas las personas" que vivan en la localidad.

Además, defienden reforzar, respetando la autonomía local y el marco normativo vigente, la colaboración con entidades, sindicaturas locales y síndica de Greuges "para identificar y denunciar, si es necesario, los casos de dilación temporal o denegación del empadronamiento por razones discriminatorias basadas en el origen de las personas".

COMBATIR LOS "FRAUDULENTOS"

Además, plantean añadir un punto que recoja que, dado que el padrón es un instrumento que permite conocer la realidad demográfica de los pueblos y ciudades para poder aplicar políticas sociales, hay que "combatir empadronamientos fraudulentos, así como los que no respeten la ley de habilitabilidad, que sólo perjudican a las personas en situación de vulnerabilidad".

"También es necesario limitar los empadronamientos que tensionen una ciudad y que perjudiquen la estabilización de los anteriores recién llegados", destacan.

Tras el acuerdo con el PSOE para el traspaso a Catalunya de competencias en materia de inmigración, los de Junts quieren añadir en la moción que la ley que se despliegue debe servir "para establecer las medidas necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones" descritas con anterioridad.

Otro punto que quieren incorporar es el que señala que Catalunya apuesta por un modelo de gestión de la inmigración "basado en el respeto de derechos, pero también en la exigencia de unos deberes" que deben seguir tanto las personas que llegan como la sociedad catalana que les acoge.

DERECHOS Y DEBERES

"Este marco de derechos y deberes, propio de la tradición de catalanidad de nuestro pueblo, es clave para alcanzar el respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales de nuestra sociedad", subrayan.

De hecho, en un punto que reza que las políticas de acogida deben ser elemento central de las políticas inmigratorias, añaden que proporcionar una acogida digna a estas personas es fundamental para la cohesión social "que beneficia a la población recién llegada como a la población autóctona en el marco de la catalanidad".