Una ONG catalana recurre ante el Supremo el nuevo reglamento interno de la OTAN

Actualizado: viernes, 28 enero 2011 15:07

El visto bueno de España es una vulneración "flagrante" de la Constitución, según Justícia i Pau

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG catalana Justícia i Pau (Justicia y Paz) ha anunciado este viernes la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) por el visto bueno del Gobierno español al nuevo reglamento interno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que permite intervenciones armadas ofensivas en todo el mundo.

El recurso se centra en el nuevo concepto estratégico de la OTAN que aprobaron los jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de la organización el pasado noviembre, durante una cumbre celebrada en Lisboa (Portugal).

Justícia i Pau considera que el nuevo concepto es "contrario a derecho" porque autoriza a la OTAN a desencadenar operaciones militares ofensivas, no solo en los territorios de los países miembros sino también en cualquier parte del mundo y todo ello sin la autorización necesaria del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estos aspectos contradicen el articulado del Tratado del Atlántico Norte, según la ONG, porque hasta la fecha tan solo estaba reconocida la intervención militar en legítima defensa ante ataques, solo en la zona geográfica de la OTAN, y siempre bajo el respeto a las decisiones de la Carta de la ONU.

Por todo ello, la entidad considera que la modificación del concepto estratégico debería formularse a través de una modificación del articulado del Tratado, y no mediante un documento político de los gobiernos.

Además, apuntan a que el artículo 94 de la Constitución Española obliga al Estado a pedir la autorización de las Cortes Generales en el caso de que se autoricen tratados de carácter militar, algo que aducen que no ha sucedido y por tanto supone una vulneración "flagrante" de la Carta Magna.

"La OTAN adopta sus decisiones de manera autoritaria, al margen de las reglas democráticas y vulnerando la legislación existente", ha concluido Justícia i Pau.