El PP lleva al CGE la ley catalana de limitación de la compra especulativa de vivienda

El debate final se pospone al menos hasta septiembre

El diputado del PP, Alejandro Fernández, interviene durante un sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Tras la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, y a los c
El diputado del PP, Alejandro Fernández, interviene durante un sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Tras la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, y a los c - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 22 julio 2026 14:35

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado este jueves al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen sobre la adecuación a la Constitución y al Estatut de la proposición de ley de modificación de la ley de urbanismo para la limitación de las compras especulativas de vivienda, iniciativa de los Comuns pactada con el Govern que se debía debatir este jueves en el Parlament.

Fuentes populares argumentan que la Generalitat no puede, a través de la legislación urbanística, y mediante su competencia exclusiva, regular el derecho civil, cuestión sobre la que Catalunya sí que tiene competencias, pero que no permiten regular "aspectos esenciales" de los contratos, competencia exclusiva estatal.

Además, consideran que atenta contra el derecho a la propiedad establecido en la Constitución y el derecho a la libertad de empresa, así como el de la igualdad en las relaciones contractuales, además de generar inseguridad jurídica.

Al presentarse este recurso ante el CGE, se pospondrá el debate final de la proposición de ley, que no podrá votarse en el Parlament hasta la decisión del órgano estatutario (tiene un mes para emitir el dictamen), por lo que no se retomará la cuestión en la Cámara hasta el siguiente periodo de sesiones, a finales de septiembre o en octubre.

La proposición busca limitar la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquileres turísticos o de temporada, sino solo para residencia habitual o alquiler a precios topados, y deja en manos de los ayuntamientos su aplicación.

También Junts ha anunciado que llevará al CGE la norma sobre la cual todavía no han cerrado un acuerdo definitivo en las enmiendas el PSC-Units, ERC y los Comuns.

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