El Síndic de Greuges pide cambios legislativos para aumentar las penas alternativas a la prisión

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, pidió hoy a las administraciones cambios legislativos y un esfuerzo para aumentar la aplicación de penas alternativas a la prisión y reducir la masificación de las cárceles españolas en general y catalanas en particular.

En el debate sobre el 'Estudio comparativo de los sistemas penitenciarios europeos y catalán' en la comisión del Parlament, Ribó reclamó una legislación "razonable" que permita imponer medidas penales alternativas (mpa) de hasta cinco años y una mayor colaboración de la administración en la rehabilitación de los presos, así como la implicación de las empresas --habilitando plazas para las penas alternativas-- y de la sociedad en general.

Entre este tipo de penas está la mediación entre partes litigantes, la reparación del daño, la conciliación entre víctima y delincuente o la libertad vigilada, aunque el ordenamiento jurídico español sólo prevé los trabajos en beneficio de la comunidad. En este sentido, Ribó admitió que buena parte de los cambios dependen de las Cortes y no del Parlament.

El Síndic también propuso crear centros penitenciarios más pequeños --como los que se están construyendo ahora--, aumentar las plantillas de vigilantes y de personal rehabilitador, personalizar la atención a los reclusos y aumentar la oferta de trabajo para ellos.

El estudio recuerda que la Constitución Española establece que la cárcel tiene como misión la rehabilitación del reo, por lo que el sistema penitenciario debería prepararlo para que viva en libertad. Esto, según Ribó, se podría conseguir facilitando el acceso al tercer grado penitenciario --que supone dormir en la cárcel pero pasar el día fuera-- o a la libertad condicional tras cumplir dos terceras partes de la condena y mejorando la formación laboral de los reos.

Según datos de 1999, en España el 64% de las penas comportan prisión --el 21,4% son penas alternativas y el 14,2% multas--, mientras que en Alemania éstas sólo suponen el 6,5% de los casos y en Italia el 39,7%. Además, según algunas encuestas, el 61% de los catalanes está a favor de las medidas penales alternativas, sobre todo en los casos de delitos menores.

El estudio también recuerda que el coste diario de un recluso para la administración es de 68 euros, mientras que para un condenado que cumpla una medida penal alternativa es de unos 7 euros, aunque no quiso concretar qué presupuesto se necesitaría para aplicar las reformas que propone.

En el caso del tráfico de drogas, que supone el 80% de la criminalidad española y el 40% de los internos, el informe propone dividir a los reos entre los grandes narcotraficantes y los pequeños 'camellos' que distribuyen al por menor para pagarse su propia adicción. Para éstos últimos, se propone substituir las penas de prisión por tratamientos de desintoxicación fuera del sistema penitenciario.

CÁMARAS EN LAS CÁRCELES.

Debido al incremento de denuncias de malos tratos por parte de los internos, el Síndic propone que se instalen videocámaras en todas las dependencias --policiales y penitenciarias-- en las que haya detenidos o reclusos, excepto en aquellas zonas que violen la intimidad. Con ello, se evitarían falsas denuncias y abusos por parte de los carceleros y se esclarecerían más fácilmente estos casos.

Igualmente, recomienda que todos los funcionarios puedan ser identificados en todo momento con un número, para dotar de "seguridad jurídica" la relación entre trabajadores penitenciarios y reclusos. Las denuncias por malos tratos serán analizadas en el informe general del Síndic para todo el año 2007.

Ribó entregó en noviembre el informe al Parlament en el que se analiza el sistema penitenciario catalán para compararlo con otros países europeos y hacer propuestas de mejora. El documento del Síndic, de unas 130 páginas, refleja la "paradoja" de que España y Catalunya tengan una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, cuando la sensación de victimización y la ratio de prisioneros es de las más altas.

En concreto, el Síndic lamenta que a finales de 2007 la tasa penitenciaria catalana fuera de 130 personas por cada 100.000 habitantes --en España, 152--, y que hubiera 114 internos por cada 100 plazas penitenciarias.

El informe señala igualmente que otras de las quejas más habituales se refieren a los registros personales y de las celdas o a la dificultad de cumplir las condenas en prisiones cercanas, debido a la masificación.

ENDURECIMIENTOS AÑADIDOS.

En su intervención de hoy, Ribó dijo que, aunque la Administración actúe bajo la legalidad penal, en ocasiones no lo hace bajo el "principio de rehabilitación" del preso establecido en la Constitución. En este sentido, criticó algunos "endurecimientos añadidos" a las penas, sobre todo a los inmigrantes --que son el 40% de los reclusos en Catalunya-- y explicó que muchos presos consultados se quejan de los jueces de vigilancia penitenciaria.

El Síndic alertó también de la desconfianza de la población respecto a la capacidad rehabilitadora de las cárceles y puso como ejemplo que las fugas de unos pocos presos preocupan más que la rehabilitación de muchos de ellos, según Ribó, por la supuesta importancia que le dan algunos medios a los prófugos.

Por último, Ribó recriminó que en las cárceles existan "problemas de normalización lingüística", y que varios presos se hayan quejado de no poder "vivir" en lengua catalana en los centros penitenciarios.

El Síndic valoró positivamente la predisposición de los grupos parlamentarios hacia sus propuestas, dentro de las discrepancias ideológicas, pero aseguró que hará un "seguimiento" de las propuestas parlamentarias que se deriven de su informe a partir de ahora. También dijo que trabajará con la Conselleria de Justicia para mejorar la situación de las cárceles.