La Generalitat afirma que quiere "encontrar la alternativa que más se acerque a sus demandas"
BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores subcontratados del servicio de Medidas Penales Alternativas de Justicia en Catalunya han iniciado este martes tres días de huelga que durarán hasta el jueves.
La portavoz del comité de huelga, Ester Perramon, ha explicado en declaraciones a Europa Press que con el paro reclaman un aumento salarial ante un trato "totalmente injusto y abusivo".
Con motivo de la primera jornada de huelga este martes por la mañana, unos 150 trabajadores, según la organización, han protestado a las puertas de la Ciutat de la Justicia y después se han desplazado hasta la sede de la Conselleria de Justicia.
Perramon ha añadido que los trabajadores contratados directamente por la Generalitat "cobran más que los externalizados a pesar de hacer las mismas funciones" y, en su caso, reprochan que tampoco perciben ningún complemento salarial de peligrosidad a pesar de trabajar con penados.
Ha detallado que para este servicio la Generalitat subcontrata a entidades del tercer sector, y ha añadido que el salario de los trabajadores subcontratados ha subido solo un 1% desde 2012, lo que supone "una pérdida de poder adquisitivo superior al 20%".
La portavoz también ha destacado que "más del 90%" de trabajadores de entidades subcontratadas son mujeres.
El servicio de Medidas Penales Alternativas se encarga del cumplimiento de condenas que no implican prisión, como trabajos comunitarios, programas formativos --de violencia de género, delitos sexuales y de odio, entre otros-- y también hace seguimiento de las personas que han cumplido una condena de cárcel por delitos de violencia de género, sexuales o de terrorismo y después han de cumplir una medida de libertad vigilada.
JUSTICIA ESTUDIA MEJORAS
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria consultadas por Europa Press han destacado que el departamento respeta el derecho de huelga, y en este sentido ha afirmado que su posición "desde un inicio ha sido la escucha activa y constante de las reivindicaciones" de los trabajadores, con los que asegura haber mantenido varios contactos con buen tono durante los últimos meses.
Las mismas fuentes afirman que el departamento "es consciente del malestar de los trabajadores y ha explicitado la voluntad de encontrar la alternativa que más se acerque a sus demandas".
En este sentido, la Conselleria afirma que está "estudiando mejoras de cara al siguiente contrato administrativo" de Justicia con las entidades, y el actual tiene vigencia hasta diciembre.
COMITÉ DE HUELGA
En un comunicado, el comité de huelga del sector ha señalado que su convenio colectivo --el convenio de trabajo de Catalunya de Acción Social con Niños, Jóvenes, Familias y otros en situación de riesgo-- se aprobó para los años 2013-2018 y desde 2019 se encuentra con "la negociación bloqueada por la patronal, que vincula cualquier posibilidad de mejora salarial a una mejora previa en las tarifas pagadas por las administraciones".
Por eso, los huelguistas reclaman en el comunicado que la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria "acabe con la precarización salarial de estos servicios".
CC.OO.
Por su parte, el sindicato CC.OO. ha detallado en un comunicado que hay 174 trabajadores de este servicio externalizados a través de la Fundació Apip-Acam, Intress y la Fundació Ires.
El sindicato añade que los trabajadores sufren "inseguridad física y psicológica" por los espacios donde trabajan y por el perfil de personas que atienden, y reclama protocolos para no poner en riesgo la salud y la integridad física de los profesionales.
