CEUTA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta acogerá el próximo martes la vista oral del juicio contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad autónoma, José Torrado, acusado de dos presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación por la reducción entre 2006 y 2012 del canon que debía abonar la empresa concesionaria de las instalaciones de la dársena deportiva. La Fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión y la restitución de 1,4 millones de euros, el importe total que dejó de ingresar el Puerto "con evidente perjuicio para la Administración Pública".
La calificación del Ministerio Público, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, también reclama para Torrado 15 años de inhabilitación absoluta y 12 de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por omitir "a sabiendas" los procedimientos que entiende que tendría que haber seguido, un periodo de información pública y posterior resolución del Consejo de Administración.
La Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo, que abrió la causa con una denuncia hace ocho años y ejerce la acusación particular, pide penas similares para el ex presidente del Puerto de Ceuta, que dimitió en mayo de 2018 "convencido" de su inocencia.
La Autoridad Portuaria adjudicó en febrero de 2006 a Mahersa como única licitadora la gestión del puerto deportivo de Ceuta tras dos concursos fallidos. Tres semanas después de hacerse cargo de la dársena con una concesión demanial para 30 años, los usuarios denunciaron que el nuevo cuadro tarifario propuesto por la adjudicataria contemplaba incrementos de un 30% cuando, según su criterio, las bases de la licitación impedían subir más de un 10%.
En julio, Torrado dictó, según el relato fáctico de la Fiscalía, una limitación del incremento máximo del 13% de las tasas en la explotación, "modificando así el precio de la concesión". En paralelo, acordó rebajar el canon de 415.172 a 157.236 euros. "De igual modo" procedió entre 2007 y 2012 "dictando resoluciones en las que se rebajaban las tasas anuales a satisfacer" y "acordando condonar parte del pago por unas deudas inexistentes".
