CEUTA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha citado en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa al presidente de la Ciudad Autónoma y de su Asamblea, Juan Vivas (PP), y a quienes compartían la Mesa Rectora de la Cámara con él en enero de 2020, la socialista Cristina Pérez y Dunia Mohamed (PP), acusados de vulnerar los derechos fundamentales que como electos asistían a José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez cuando salieron del Grupo Parlamentario de Vox y pasaron a la condición de no adscritos.
La secretaria general de la asamblea, María Dolores Pastilla, también está llamada a declarar el 11 de febrero en idéntica condición, según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Los dos parlamentarios elegidos por Vox han denunciado una vulneración de su derecho a la participación política como electos contra lo previsto en la legislación y el Reglamento de la Cámara autonómica cuyas consecuencias penales, en caso de acreditarse, podrían extenderse según su defensa también a Francisco José 'Pachi' Ruiz, que accedió a la Mesa en el marco del acuerdo parlamentario que los de Abascal mantuvieron con el PP de Ceuta durante un año.
Vázquez y Ruiz causaron baja en el Grupo Parlamentario de Vox "por discrepancias y por las formas de llevar la acción política" en la institución de ese partido el 27 de enero de 2020, justo después de conocerse los mensajes que supuestamente se cruzaban los integrantes de la gestora comanda por Juan Sergio Redondo contra la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas".
El 17 de febrero ambos solicitaron por escrito su incorporación a las Comisiones de la Asamblea y a los Consejos de Administración de las empresas municipales "como fiel reflejo del derecho de participación de los diputados", pero durante meses no se admitió su petición. Al contrario, se les negaba ese derecho y en los consejos se votaba de forma ponderada "haciendo uso de sus votos por parte de la Mesa en favor de Vox".
El 21 de mayo, cuando Ruiz ya era vicepresidente de la Mesa, presentaron nuevos escritos "pidiendo que se cumpla el Reglamento de la Ciudad", igualmente sin respuesta, a pesar de que la norma estipula que "cuando se produjese la separación de su grupo de un diputado, habrá que revisar, en el plazo de quince días, la composición y la asignación de los o las miembros a las comisiones y a los órganos rectores de los entes y empresas de la Ciudad".
Ambos denunciaron "un perjuicio grave tanto a ellos como a las personas que representan a través de su mandato, que son en definitiva las ciudadanos", sin saber "a qué tipo de intereses políticos responde la falta de cumplimiento de la Ley" cuando la mayoría del PP dependía de Vox, formación con la que Vivas rompió a finales de ese mismo año para volver a apoyarse en el PSOE.
Además, alegaron que según la jurisprudencia (de 2014) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un diputado no adscrito "no puede considerarse de peor condición que el resto". El Constitucional también se ha pronunciado en el mismo sentido.
La vicepresidenta socialista de la Mesa, Cristina Pérez, sí presentó un escrito alertando de que desde su punto de vista el trato que se dio durante meses en la Asamblea a los dos no adscritos no era el procedente.
