5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente: Que barato es contaminar

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de los derechos europeos para emitir CO2 se sitúa por debajo de los 4 euros la tonelada . Enviar a la atmósfera CO2 y deteriorar el Medio Ambiente tiene ahora el precio más bajo desde que las industrias europeas se rigen por el comercio de emisiones. Este sistema asigna a las grandes industrias derechos de emisión anuales, además de ser comercializables, de tal forma que cuando no los necesiten, los compran a aquellas industrias más virtuosas que no han agotado su asignación de toneladas de emisión de CO2.

La novedad ahora es que el precio del aire limpio se ha desplomado hasta niveles insólitos. El sistema de comercio de emisiones derivado del protocolo de Kioto contra el cambio climático vive uno de sus momentos más críticos.

Es una de esas situaciones que hacen cuestionar su eficacia como herramienta para recortar las emisiones de CO2

y mitigar el calentamiento. El precio de los derechos europeos para emitir unidades de CO2 en las industrias alcanza 3,45 ?/tonelada, con lo que se situó en sus niveles más bajos desde que se introdujo este mercado, obligatorio desde el 2008 para las grandes industrias que generan CO2 (siderurgia, térmicas, cementeras, vidrio, papel, cerámica*).

La razón principal de este descenso de los precios es "que sigue habiendo muchos excedentes de derechos de emisión de CO2; la oferta se mantiene, mientras que la demanda ha bajado por la crisis económica. Como la producción industrial se ha reducido, se genera menos actividad y se provocan menos emisiones, con lo que no tienen necesidades de acudir al mercado para proveerse de las unidades emitidas en exceso (respecto a lo asignado).

Necesidad obligada de elevar el precio del CO2

OBSERVATORIO ASECE recuerda que una de las pretensiones de la política Comunitaria es que el comercio de derechos sitúe su precio en 20 euros la tonelada, todo ello con el fin de que las industrias se vean motivadas y forzadas a recurrir a fórmulas que reduzcan en origen sus emisiones, con tecnologías limpias y fuentes renovables con el objetivo de mitigar el calentamiento del planeta. Sin embargo, la UE no ha podido hasta el momento adoptar tales medidas debido a la negativa de algunos países, entre los que se encuentra España, a apoyar unas medidas que llevarían a incrementar su factura en CO2.

Consecuentemente, ante la inacción de la Comisión para introducir las correcciones esperadas, el mercado ha reaccionado radicalmente a la baja. Sin contar al sector aéreo (recientemente incorporado al sistema de comercio de emisiones), las 1.050 instalaciones españolas sujetas al comercio de emisiones (Térmicas, Siderurgia, Energética, Cementeras **) tienen asignados 150 millones de toneladas de CO2 al año. En toda Europa son 11.000 las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de emisión, y tienen asignados 2.000 millones de toneladas de CO2.

Menos recaudación de las subastas de lo previsto

Mientras tanto, el Gobierno esperaba conseguir grandes cantidades de millones al hacer pagar a las industrias por los derechos de emisión de CO2, que hasta ahora conseguían gratuitamente. El Ejecutivo español prevé obtener este año la mitad del dinero que había previsto ingresar como recaudación por las subastas de los derechos de emisión asignados anualmente (que ya empiezan a pagar las industrias). No se alcanzará la cantidad de 1.000 millones de euros anuales por este concepto, tan solo unos 400 millones.

El sector Energético convencional es responsable del 55,30% de las emisiones, según indica la Oficina Española de Cambio Climático. Hasta el año 2012, las grandes industrias sujetas al régimen de comercio de emisión obtenían gratis los derechos de emisión de CO2, de manera que en caso de que no los necesitaran podían venderlos a las industrias y recaudar unos cuantiosos beneficiosos con la venta de un bien obtenido sin coste alguno. Por eso, la política comunitaria decidió poner fin a este sistema e introdujo las subastas, para que los derechos de emisión tuvieran un precio al ser asignados.

El Gobierno de España confiaba en conseguir ingresos extraordinarios por la subasta de derechos de emisión de CO2 que han empezado a pagar las industrias este año. Pero la cantidad que se recaudará será muy inferior. Las primeras subastas en que participaron las industrias para adquirir los derechos de emisión representaron un precio medio de 4,65 euros CO2 /Tonelada en el primer trimestre de 2013, mientras que el precio medio tan solo hace 5 años era de 22,02 euros CO2 /Tonelada. Quizás ahora podamos entender la falta de interés por invertir en el sector de Energías Renovables, no generan CO2.

Otro asunto es concretar quien recauda el dinero de las subastas de los derechos de emisión. La Directiva Europea señala que los gobiernos tienen libertad para actuar con esos recursos, aunque aclara que al menos un 50% de estos ingresos deben dedicarse a la reducción de emisiones y a la lucha contra el cambio climático, invirtiendo en el fomento de las Energías Renovables, cosa que no se está haciendo. La prueba la tenemos en que el Gobierno de España todavía no ha traspuesto determinadas Directivas Europeas, como por ejemplo la Certificación Energética de los Edificios (Directiva 2010/31/UE) por lo que España ha sido denunciada ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Sin embargo, el Gobierno ha hecho un reparto de estos recursos que ha generado preocupación. Tras un largo encuentro entre los ministerios de Industria y Medio Ambiente, la decisión del Gobierno es que el 90% de estos fondos sean gestionados por el Ministerio de Industria, mientras que el 10% se gestionarán por Medio Ambiente para utilizarlos en políticas contra el cambio climático. Esta fue la solución adoptada a través de una enmienda en los presupuestos del Estado aprobado en el Senado. Sin embargo el Ministerio de Industria, que tiene a sus espaldas 3 transposiciones de Directivas Europeas, acaba de concede un préstamo extraordinario al sector eléctrico por 2.200 millones de euros, alegando que es por los costes de las Renovables.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha manifestado que del 90% de los fondos asignados al Ministerio de Industria, se destinarán a financiar los costes del sistema eléctrico, y que el 10% restante se dedicará a la política de lucha contra el cambio climático en acciones de su Ministerio para reducir emisiones contra los sectores difusos (como por ejemplo la vivienda). Su ambigüedad ha generado polémica, porque no queda claro si ese 90% en realidad es para ayudar al "ficticio" déficit eléctrico que dicen acumular las compañías de electricidad, o si deja la posibilidad a que con esa cantidad se pagarán nuevos proyectos de energías renovables.

Emisor: Asociación Española para la Calidad

en la Edificación - ASECE-

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