VALENCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Ciutat-Port ha presentado un primer recurso de alzada contra la resolución aclaratoria de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco que apunta a que la competencia para solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación del Puerto de Valncia es de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
La plataforma considera que esta resolución "sería nula de pleno derecho ya que contraviene lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos" y, en un comunicado, ha criticado que Puertos del Estado "se ponga de perfil" en esta cuestión.
En concreto, la plataforma ciudadana, "sin perjuicio de las acciones judiciales que prepara", ha presentado un recurso de alzada contra la resolución publicada en el BOE el pasado lunes 12 de abril por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dictada a solicitud de Puertos del Estado.
Se trata de una resolución aclaratoria para subsanar algunas solicitudes de DIA para obras en curso en varios puertos de interés general de todo el país, entre ellos el de Valncia, que "de manera errónea", atribuían a Puertos del Estado la condición de "órgano sustantivo", un carácter que este último nunca ha tenido. A la luz de esta resolución, es a la APV, como órgano sustantivo o competente, quien debe evaluar, analizar técnicamente y decidir si las modificaciones introducidas en el proyecto de ampliación del puerto exigen solicitar una nueva DIA.
La Comissió Ciutat-Port ha criticado que la finalidad de esta resolución es "liberar" a la entidad estatal de las obligaciones y responsabilidades respecto del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada en agosto de 2007.
"NULA DE PLENO DERECHO"
La plataforma ha califica de "nula de pleno derecho" esta nueva resolución por "haberse dictado contraviniendo lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, fijada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental".
El recurso llama la atención sobre que "se pretenda 14 años después de su publicación modificar la DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública estatal Puertos del Estado de eludir sus responsabilidades de dirección, coordinación y control sobre la macroampliación del puerto de Valncia que impulsa la APV y la pretendida adjudicación de la explotación de las nuevas instalaciones a favor de una empresa privada".
"JURÍDICAMENTE INACEPTABLE"
Para la Comissió, es "incomprensible y jurídicamente inaceptable que, precisamente ahora cuando la ciudadanía y sus asociaciones exigen razonadamente un debate social riguroso acerca de unas actuaciones promovidas por la APV, que son sustancialmente distintas a las contempladas en aquella evaluación ambiental, se ponga en cuestión el rol desempeñado por las administraciones intervinientes en el expediente ambiental sustanciado en su día". "Unos roles que se han ejercido de manera pacífica y no controvertida durante catorce años", ha apostillado.
"Pretender aplicar tal criterio con efectos retroactivos, con absoluto desprecio de las normas que permiten a la administración volver sobre sus propios actos y prescindiendo de los procedimientos habilitados al efecto por la ley, solo puede ser calificarse como una decisión nula de pleno derecho", ha afirmado la Comissió.
Además, ha subrayado que las obras que pretende llevar a cabo la APV, y "de las que Puertos del Estado pretende desentenderse, vulneran las autorizadas en la DIA de 2007".
"No solo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de m3 a 23,3 m3), sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la que fue aquella 1 fase), incremento del consumo de recursos naturales y el incremento de dragados (de -18 a -18,5) y en zonas exteriores a la dársena actual con el consiguiente efecto negativo sobre las playas del sur ya detectados durante estos años", ha expuesto.
"YA ESTÁ ACTUANDO AL MARGEN"
Pero, además, denuncia que la APV "ya está actuando de hecho al margen de la autorización contemplada en la DIA de 2007 al anticipar actuaciones con repercusión directa más allá del área de afección inicial y que no aparecían en el Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base a la DIA de 2007".
La plataforma cita la "demolición de los muelles de cruceros" que ha dado lugar a la convocatoria de otro concurso público para el otorgamiento de una nueva "concesión para la construcción y explotación de una terminal pública de pasajeros en el puerto de Valncia" en un nuevo emplazamiento, fuera del ámbito incluido en la DIA originaria, sin que se haya sometido a una nueva evaluación ambiental.
"Esta actuación ha comportado además el dudoso rescate de antiguas, y potencialmente caducadas, concesiones a una mercantil que hacía años que nos las operaba, con un pago en especie consistente en un nueva concesión sobre otros terrenos portuarios y la posibilidad de condtruir un edificio de oficinas de trece alturas. Una operación de la APV sobre la que la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto ya diligencias de investigación", ha añadido la Comissió.
En conjunto, concluye, "la pretensión de Puertos del Estado de hacer dejación de sus responsabilidades como entidad pública a la que corresponde la dirección superior y coordinación general de actuaciones en materia de puertos de interés general del Estado, a la que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha venido a dar una injustificable cobertura, considerando las circunstancias concurrentes, constituye un auténtico fraude de ley".
Por ello, solicita en su recurso a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que suspenda la eficacia de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental publicada en el BOE de 12 de abril de 2021.
La plataforma ha insistido en "la necesidad de llevar a cabo un debate público amplio y riguroso que examine los planes de la APV" porque "aún se está a tiempo de paralizar una actuación que pone en riesgo el litoral y un patrimonio de especial fragilidad como L'Albufera y la salud de la población en tiempos de emergencia climática, cuando todos los recursos disponibles deberían orientarse a hacer posible un cambio de modelo económico y ambiental acorde a los riesgos actuales".
