El CJC celebrará su 30 aniversario sin avances en su renovación: "Estamos igual que hace uno, dos y tres años"

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) prevé celebrar el próximo 25 de septiembre un "gran acto" para conmemorar sus 30 años de existencia como órgano consultivo de la Generalitat, de los ayuntamientos y de otras instituciones de la Comunitat Valenciana. Una efeméride a la que llega sin que se haya avanzado en la renovación de sus consejeros, cuyos mandatos están caducados desde hace años, al igual que los de otras instituciones estatutarias como la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura (CVC), por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios de Les Corts.

Así lo ha constatado Margarita Soler, presidenta del CJC desde 2017, tras entregar este martes a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, la memoria del órgano consultivo correspondiente a 2025. "Estamos en el mismo lugar y en la misma situación que hace uno, dos y tres años", ha manifestado, pero ha descartado que eso afecte a su funcionamiento ordinario porque trabajan "sin ningún problema".

En declaraciones a los medios, Soler ha recordado que renovar los órganos estatutarios depende directamente de Les Corts y que la ley de creación de estas instituciones marca unos tiempos de renovación. "Y, obviamente, las leyes son para cumplirlas", ha subrayado, al tiempo que ha rechazado opinar sobre las discrepancias entre los grupos políticos para abordar la renovación.

Sobre la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, que afronta su tramitación este mes en Les Corts, ha reconocido que siempre se presenta con urgencia, especialmente este año, por lo que ve "deseable" que el Consell la presente antes para tener más tiempo para analizarla. También ha señalado que esta es "una ley de leyes", como advierte cada año el CJC, porque modifica hasta "dos docenas" de normativas, lo que en su opinión es "una mala técnica" legislativa aunque esté avalada por el Tribunal Constitucional.

Respecto a la memoria de 2025, Soler ha explicado que más de la mitad de las demandas tienen que ver con reclamaciones por responsabilidad patrimonial, que se producen "cuando un ciudadano entiende que un servicio público no ha funcionado como tocaba". Por ejemplo, ha ilustrado, cuando una operación sanitaria no se realiza como correspondía o cuando alguien se tropieza en una acera en mal estado y se rompe una pierna.

En general, preguntada por si considera que la administración "funciona peor" a tenor del aumento de reclamaciones, ha sostenido que "no necesariamente" y que, a su juicio, se debe a que "las personas están más concienciadas de sus derechos", a una mayor actividad normativa o a una mayor "conflictividad contractual".

Por su parte, la presidenta de Les Corts se ha limitado a agradecer el trabajo del CJC, que "en muchos casos es de gran utilidad" para el trabajo parlamentario, y a felicitar su 30 aniversario. "Supongo que todos los diputados mirarán la memoria con interés", ha dicho Massó (Vox) tras recoger el documento, acompañada por los miembros de la Mesa de Les Corts y representantes de los cuatro grupos parlamentarios.

MEMORIA DE 2025

Durante 2025, el CJC emitió un total de 900 dictámenes durante 2025, una cifra muy superior a los 710 de 2024 y ligeramente por debajo de los 923 de 2023, más de la mitad de ellos relacionados con reclamaciones por responsabilidad patrimonial (59,2%). La cantidad mínima reclamada fue de 16,744 euros y la máxima, de 56,6 millones.

El Consell Jurídic Consultiu recibió 913 solicitudes de dictamen en 2025, 63 de ellas con carácter urgente. También realizó una única advertencia a la Generalitat por omisión de dictamen preceptivo.

Por materias, 533 dictámenes fueron por reclamaciones por responsabilidad patrimonial, 155 por revisión de oficio de actos administrativos, 76 por contratos administrativos, 75 por proyectos de reglamentos, 25 por urbanismo, 23 por consultas facultativas, seis por anteproyectos de ley, tres por recursos extraordinarios de revisión, uno por un recurso de inconstitucionalidad y conflicto de competencias ante el TC y tres más por otras materias.

En cuanto al origen de las consultas, hasta 336 dictámenes (37,3% del total de 2025) tuvieron que ver con la Conselleria de Sanidad, por encima de los 276 (30,6%) relacionados con ayuntamientos. Entre el resto de departamentos del Consell, Servicios Sociales concentró 48 dictámenes; Justicia, 43; Educación, 31; Medio Ambiente, 30; Agricultura, 15; Presidencia, 14; Hacienda, 12; Innovación, 10, y Emergencias 4.

Entre el resto de dictámenes, la Diputació de València acumuló 15 dictámenes en 2025 frente dos en la de Alicante y uno en la de Castelló. También destaca la cifra de 21 dictámenes (2,3% del total) del Consorci Hospital General Universitari de València.

La memoria incluye una serie de observaciones y sugerencias. Entre ellas, se recuerda la obligación de reembolsar la compensación excesiva recibida por las entidades titulares del concierto social en el ámbito de la acción concertada para la prestación de servicios sociales.

También se indica que se considera nula de pleno derecho la delegación de la competencia de gestión de la recaudación de la tasa municipal por recogida domiciliaria de basuras en favor de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable.

Otra de las observaciones es la viabilidad de extinguir la responsabilidad civil ex delicto contraída por un funcionario frente a la administración local en la que prestaba servicio mediante la dación de bienes en pago acordada transaccionalmente, que se considera legalmente admisible siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A PAIPORTA EN LA DANA

En uno de los anexos se analiza la exoneración de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) tras la reclamación formulada por un vecino contra el consistorio por los daños sufridos durante la dana.

El CJC considera que debe desestimarse porque, según expone, no consta que el Ayuntamiento recibiera "alerta específica" de la catástrofe y de su intensidad. Rechaza hacer comparaciones con las medidas adoptadas por otros consistorios y, además, señala que "es notorio que la primera alerta masiva procedente de la Generalitat, la tarde del 29 de octubre de 2024, fue a las 20.12 horas".

"Las previsiones meteorológicas no imponen a las administraciones un deber absoluto de anticipación, sino un deber de actuación razonable según la información disponible", concluye el órgano consultivo.

En otro dictamen, el CJC explica que se suspendió un procedimiento de responsabilidad particular formulado por un particular contra la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat, también por los daños sufridos durante la dana, por la existencia de un proceso penal en fase de instrucción sobre la gestión de la catástrofe.

"La administración autonómica debe evitar pronunciarse anticipadamente sobre los mismos hechos, pues ello podría comprometer la coherencia del sistema y vulnerar el principio de seguridad jurídica", advierte.