ALICANTE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El informe que elaboró la Comisión Europea (CE) para determinar que la ayuda concedida a la Ciudad de la Luz de Alicante es "ilegal", destaca que un inversor privado "no habría llevado a cabo, en las mismas condiciones, la inversión realizada por la Comunitat Valenciana" en el complejo cinematográfico.
La Comisión Europea dictaminó en mayo del pasado año que las ayudas concedidas por el Gobierno autonómico a los estudios alicantinos de la Ciudad de la Luz, y cuyo importe ascendió hasta los 265 millones de euros eran "ilegales" y ordenó su devolución, una resolución que ha sido recurrida.
El dictamen de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye, además de las conclusiones internas, "un estudio independiente" encargado a Ecorys que señala que "no parece probable que las inversiones realizadas en 2000 y 2004 se ajustaran a la conducta de un inversor privado diligente en una economía de mercado".
Este informe analiza el plan de inversiones de Ciudad de la Luz fijado en el año 2000, y considera que "invertir en el mercado bursátil habría resultado mucho más interesante para un inversor de mercado 'prudente'".
En cuanto al plan de negocio de 2004, concluye que "lo más probable es que un inversor de mercado prudente no hubiera decidido completar todo el proyecto, sino que habría podido optar por explotar los seis platós de rodaje en los que ya se había invertido o abandonar el proyecto y asumir las pérdidas".
Así mismo, se apunta que "un prestamista privado no habría concedido el préstamos participativo o cualquier otro crédito al proyecto".
INVERSIÓN DE 274 MILLONES
La Generalitat valenciana, a través de la Sociedad Parque Temático de la Comunitat Valenciana (SPTCV) invirtió un total de 274 millones de euros en Ciudad de la Luz hasta 2010, --incluidos los intereses pendientes sobre los dos préstamos participativos concedidos en 2007 por un total de 115 millones de euros--.
Las partidas que la CE califica como "ayuda estatal incompatible con el mercado interior" comprenden los 95,2 millones de euros destinados a ampliaciones de capital social; los 9 millones de euros para los terrenos asignados al complejo; los citados 115 millones para préstamos participativos, así como los préstamos convertibles en acciones emitidos desde 2008, por un total de 45,8 millones de euros, además de todos los incentivos otorgados a productores cinematográficos para que rodaran en estos estudios.
En base a este informe, la Comisión Europea rebatió las alegaciones de las autoridades españolas y confirma que Ciudad de la Luz se "financió con recursos públicos, falseó la competencia y tuvo una incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros".
La investigación de la Comisión Europea arrancó en el año 2007, a raíz de las denuncias presentadas por dos operadores cinematográfico de distintos estados miembros, contra la financiación pública de Ciudad de la Luz, y especialmente contra el sistema de incentivos a la producción de determinadas películas creado por el complejo alicantino.