VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha señalado, sobre la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) realizada por el Ministerio de Educación, que, a falta de poder analizar el borrador, las medidas están "en sintonía" con las acciones del Ejecutivo autonómico.
"Parece que está en sintonía con las políticas educativas del gobierno del Botànic, pero tenemos que analizar en detalle" la propuesta, han comentado fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà a Europa Press.
El documento ha sido remitido por el Ministerio de Educación a las principales organizaciones educativas. El Gobierno ha sometido a consulta pública otro documento sobre los principios generales de la reforma, pero más escueto que el trasladado a las organizaciones educativas.
La reforma educativa que prepara el Gobierno prevé eliminar la regulación estatal del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las Comunidades Autónomas en las que hay lengua cooficial. Esta supresión, afectará, entre otros aspectos a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial.
Eliminar la regulación estatal de la lengua cooficial es una medida enmarcada en el objetivo de llevar a cabo "una regulación de las competencias entre el Estado y las CC.AA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y la lealtad institucional". Por ello, también plantea llevar a cabo una regulación acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema establecido por la LOMCE para garantizar la escolarización en Castellano en Cataluña y que obligaba a la Generalitat catalana a sufragar un colegio privado a aquellos padres que solicitasen la escolarización en castellano cuando no pudieran obtenerla en el sistema público.
Educación también plantea retomar la distribución de competencias entre el Estado y las CC.AA para la determinación del currículo de las materias, asignado el 55/65% al Estado.
Por otro lado, las modificaciones también plantean reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos. En particular, planea eliminar la referencia a que la educación diferenciada no se considera discriminación por género y reforzar la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación.
En materia de conciertos, como ya había anunciado la ministra, se eliminará a la demanda social, recuperando una formulación no restrictiva de los poderes públicos en la programación general de la enseñanza y se recuperará el papel del Consejo Escolar y la administración educativa en los procedimiento de selección y despido del profesorado.
También prevé eliminar la posibilidad de contratar expertos extranjeros nativos para la enseñanza de las diferentes materias del currículo por procedimientos diferentes de los ordinarios. Además, plantea evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües.
En cuanto a la asignatura de Religión, como ya se había anunciado, no computará para la nota media en los procesos de acceso a la universidad ni las becas, no existirá alternativa y se dejará de considerar materia específica en Bachillerato.
Además, Educación plantea establecer un plan de repetición personalizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen de esta medida y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición.
Propone, igualmente, eliminar los itinerarios en la ESO, así como las reválidas (que actualmente están suspendidas), establecer una asignatura de valores cívicos y éticos y volver a las pruebas de acceso a la Universidad desvinculadas y posteriores a la obtención del título de Bachiller.
FSIE PIDE A MARZÀ "QUE SE PLANTE"
Por su parte, FSIE-Comunitat Valenciana, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, se ha referido a este tema para pedir al conseller de Educación, Vicent Marzà, ha reclamado que "se plante" ante la decisión de la ministra de Educación, Isabel Celaà, de eliminar la demanda social de la ley Educativa y "dé un paso al frente por los 170.000 alumnos y los 15.000 profesores que estudian y trabajan en centros concertados en la Comunitat Valenciana".
Para esta entidad, el Ministerio "está sembrando la discordia y abriendo la puerta a una reducción de la libertad educativa amparada en la Constitución y defendida por diferentes sentencias judiciales, una conspiración contra la enseñanza plural a la que el Consell debe oponerse".
FSIE ha anunciado que seguirá "defendiendo los derechos legítimos de nuestros trabajadores y de las familias, tanto en la negociación con la Administración como en los Tribunales o en la calle".
