Entidades piden "un plan de choque urgente" y "transparencia" en adjudicación de vivienda en València

   VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Juntes per l'Habitatge, junto a otros colectivos sociales y vecinales, exigen al Ayuntamiento de València un "plan de choque urgente" que solucione la "emergencia habitacional" ante un momento de "desesperación total y una convivencia explosiva en los barrios".

   Así lo han puesto de relieve en la concentración que han llevado a cabo este jueves frente a las puertas del edificio consistorial, justo antes del pleno del mes de julio en el que está prevista la intervención del portavoz de la PAH, José Luis González, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Torre, Aniuska Dolz.

   Con esta acción, solicitan un "plan de choque urgente" que solucione la "emergencia habitacional" ante un momento de "desesperación total y una convivencia explosiva en los barrios", según ha indicado el portavoz de la PAH en una rueda de prensa a Europa Press.

   González ha indicado que "la situación que se está viviendo en algunos hogares es absolutamente insoportable": "Todos los días están tirando a familias de sus casas. Los movimientos sociales denunciamos el abandono absoluto por parte del ayuntamiento de las personas que están padeciendo la emergencia habitacional", ha resaltado.

    Asimismo, la plataforma reprocha "la cobardía a la hora de defender los intereses de la gente pobre y la sumisión absoluta a los intereses del capital": "Los políticos "están pagados y fijados para atender el derecho a la vivienda y no lo están haciendo", han manifestado el representante.

    Durante los "aproximadamente cuatro o cinco meses" de discusiones con los partidos políticos de PP y Vox, los sindicalistas han detectado "sensibilidad personal, pero no han visto medidas contundentes que eliminen los desahucios y la situación de abandono": "Ellos tienen las posibilidades reales de cambiar la situación", ha expuesto González.

    Por otro lado, también han pedido "transparencia en el funcionamiento y en la adjudicación de las viviendas", junto a una "bolsa por emergencia habitacional". Desde su perspectiva, "la Generalitat y el gobierno municipal están empeñados en echar a unas 900 familias que ocuparon vivienda de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA), cuando se trata de personas que quieren regularizar la situación de buena fe".

    Al mismo tiempo, requieren "un proceso de regularización y una participación de los movimientos sociales, sindicales y vecinales para que las políticas no existan en función de los intereses de una estrategia de partido, sino en los de la clase trabajadora y la sociedad".

    Por su parte, el representante de la Federación de Asociaciones Vecinales, Tito Alapont, ha compartido que las asociaciones intervinieron en el pleno del 27 de enero, donde reclamaron que se cumpliera el pago de las ayudas al alquiler a todas las familias: "De 1.799 familias que cumplían con los requisitos, tan solo se concedieron 1.249 ayudas, por lo tanto, fueron excluidas 550. Según se argumentó en ese momento, fue por falta de presupuesto".

   "Hubo un acuerdo y un compromiso por parte del Pleno y del Gobierno Municipal para activar todos los mecanismos. A día de hoy, han pasado seis meses y esas ayudas no han llegado". El colectivo exige a su vez "un calendario concreto de cómo se va a realizar": "Estamos hablando de que hay familias y personas que se quedan sin casa y no pueden esperar más".

    Por parte de la Nave de Albal y la Plataforma en Solidaridad con los residentes del Fórmula 1, Ana Isabel Martínez ha recordado que en el antiguo circuito hay "centenares de personas en situación de infravivienda, con perfiles extremadamente vulnerables".

   Y ha criticad que el PAI del Grao es "un proyecto que no está a disposición de la clase obrera ni el pueblo valenciano, sino que está destinado a construir para inversores extranjeros y grandes fortunas, ya que los inmuebles que están previstos en el plan urbanístico no van a ser asumibles por los salarios medios actuales".

   "Se está expulsando a vecinos y a comercios de proximidad. Están destruyendo nuestra ciudad porque el Ayuntamiento solo está legislando para favorecer la especulación, pero no para defender los derechos de los que habitamos los barrios. Está primando el cemento sobre la demanda histórica valenciana de lo verde, a pesar de ser innegables los efectos del cambio climático", ha argumentado.

"RACISMO INMOBILIARIO"

    La concentración ha contado también con la participación del movimiento de València pels Drets de les Persones Immigrades. Su representante, Katy Trujillo, ha hablado sobre "el racismo inmobiliario": "Para muchas personas migrantes, acceder a una vivienda no es un problema de precios o de mercado, es una cuestión de a quién se le abre la puerta y a quién se le cierra".

    Según el informe anual de SOS Racismo, mencionado por Trujillo, "el 99% de las inmobiliarias reconoce aceptar prácticas discriminatorias cuando son los propios propietarios quienes las piden. Es una práctica normalizada, sostenida por el silencio y la impunidad", ha afirmado.

    "Personas que llaman a preguntar por un piso y al escuchar su acento o decir su nombre, la respuesta cambia. Es un racismo que casi nunca se expresa con insultos, sino con excusas. Sin un contrato de alquiler no hay empadronamiento y sin él, una persona migrante no puede renovar su permiso de residencia", ha explicado.