La Generalitat eleva el precio máximo de las viviendas protegidas un 7 % hasta 2.568 euros por metro cuadrado

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha actualizado para 2026 el valor estándar del módulo aplicable a la determinación del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, con un incremento del 7 por ciento y un valor máximo de 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil, "proporcionado a la evolución acreditada de los costes" de construcción.

Así se ha publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), a través de una resolución de conformidad con la disposición transitoria sexta del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell.

Esta norma regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, en el que se configuró un nuevo sistema para la determinación del precio máximo de venta de las viviendas protegidas, basado en un módulo dinámico integrado por un valor estándar, calculado a partir del módulo básico de edificación publicado por el Instituto Valenciano de la Edificación, y por un valor ajustado en función de las circunstancias objetivas de cada municipio.

La Generalitat sostiene que se trata de un "instrumento esencial al servicio de la política pública de vivienda que garantiza la construcción de vivienda pública protegida".

CONFLICTOS INTERNACIONALES Y DANA

La administración expone que "los estudios técnicos elaborados por organismos especializados y por el ámbito académico de la Comunitat Valenciana ponen de manifiesto que el sector de la edificación residencial ha experimentado durante los últimos años un incremento extraordinario y sostenido de los costes de construcción como consecuencia de diversos factores de alcance internacional", como la pandemia, la guerra de Ucrania y las recientes tensiones en Oriente Medio. También se ha referido al "progresivo encarecimiento de la mano de obra especializada y de otros factores de producción".

Además, añade que debe considerarse la "presión adicional" sobre la disponibilidad de mano de obra y los recursos a raíz de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación desarrollados tras la dana de octubre de 2024. "Estas circunstancias han consolidado un nuevo escenario estructural en el que los costes de construcción continúan incrementándose", señala.

La memoria económica justifica una necesidad de actualizar del valor estándar porque queda "acreditada una evolución de las condiciones económicas que inciden en la promoción y construcción de vivienda de protección pública".

"GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS"

"Con esta medida se pretende consolidar la recuperación experimentada en los últimos años en el desarrollo de nuevas promociones de vivienda de protección pública y garantizar la efectividad de las políticas públicas de vivienda dirigidas a incrementar la oferta de vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana", indica la resolución.

La resolución entrará en vigor este sábado y se aplicará a los expedientes de viviendas de protección pública que obtengan la calificación provisional a partir de ese momento. Asimismo, se aplicará a los expedientes con calificación provisional obtenida con anterioridad a dicha entrada en vigor, de conformidad con los supuestos, requisitos, límites y excepciones previstos en la disposición transitoria sexta del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell.

CÁTEDRA UPV: "NO PROTEGE SI NO SE CONSTRUYE"

Por su parte, la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha destacado que la memoria económica que sustenta la decisión incorpora como anexo el informe técnico firmado el pasado 13 de agosto por la cátedra. En el se documenta un incremento del coste de construcción del 57% desde 2019, ha explicado la institución académica en un comunicado.

"Es la decisión correcta y llega respaldada por datos, no por intuición", ha valorado el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón. "La vivienda protegida no protege si no se construye, y durante los últimos años el módulo se había quedado por debajo del coste real de construirla. Esta actualización no es un capricho normativo: es la constatación de una realidad que llevábamos meses documentando", ha destacado.

El propio informe de la Cátedra reconstruye la evolución histórica del módulo en la Comunitat Valenciana: fijado en 1.212,80 euros/m2 útil en 2013, permaneció congelado durante diez años consecutivos, un periodo que coincide, según el documento, con la ausencia total de promoción privada de VPP entre 2019 y 2022. Las actualizaciones de 2023 (2.200 euros/m2) y 2024 (2.400 euros/m2) reabrieron un margen de viabilidad hoy de nuevo comprometido por la escalada de costes.

El Módulo Básico de Edificación del IVE, por su parte, ha subido un 21,79% entre diciembre de 2024 y julio de 2026, muy por encima del 5,7% acumulado por el IPC de la Comunitat Valenciana en el mismo periodo.

Según la Cátedra, "el nuevo módulo resiste, además, la prueba del acceso joven". Así, ha explicado que ha realizado una simulación en la que un hogar formado por dos jóvenes con salario medio (23.131 euros/año cada uno, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE) dispone de una capacidad de acceso sano de 161.917 euros, calculada como 3,5 veces su renta bruta conjunta.

La Cátedra argumenta que con el nuevo módulo de 2.568 euros/m2, una vivienda joven VPP de 60 m2 se sitúa en 154.080 euros: una ratio de 3,33 veces la renta, "dentro del umbral sano y muy lejos de las 6,88 veces que exige hoy el mercado libre, donde esa misma vivienda cuesta ya 318.000 euros".

"No se trata de encarecer la vivienda protegida, se trata de hacerla posible", insiste Cos-Gayón. "Un módulo artificialmente bajo puede parecer socialmente deseable sobre el papel, pero si impide construir, su resultado es profundamente antisocial", ha añadido.

La Cátedra ha subrayado que la actualización aprobada es una corrección parcial, no una equiparación plena: el 7% aplicado queda por debajo del 17,1% acreditado en costes de construcción desde 2023. Por ello, su informe técnico propone un mecanismo transitorio adicional: una actualización automática por IPC desde enero de 2027 y una cláusula de revisión ante circunstancias extraordinarias.