Afirma que pretendía que el periódico publicara los documentos para perjudicar a Grau y que les explicó la financiación ilegal del PP
VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El periodista Javier Alfonso ha declarado este miércoles que el exasesor del PP que implicó inicialmente al exvicealcalde de la ciudad de València Alfonso Grau en la presunta caja B del partido y que a la hora del juicio se desdijo acudió al periódico que dirige, Valencia Plaza, y le entregó una documentación de manera voluntaria para --según ha considerado-- perjudicar al exedil para el que había trabajado, unos documentos que el director del medio puso a disposición de Fiscalía.
El testigo se ha pronunciado en estos términos en el juicio que se sigue en la sección segunda de la Audiencia de Valencia contra Grau; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón por la pieza A de Imelsa, en relación con la presunta financiación irregular del PP de València en las campañas de 2007 y 2011.
El periodista ha declarado tras ser propuesto por la Fiscalía Anticorrupción ante las contradicciones mostradas por el exasesor de Grau, quien ante la Guardia Civil y en Fiscalía implicó al exvicealcalde y, posteriormente, en su declaración en el juicio, se desdijo de todo.
Tras sus contradicciones, el fiscal del caso, pese a no estar contemplado en el calendario inicial, solicitó al tribunal la declaración del periodista con el objeto de demostrar que el exasesor se había contradicho en la vista. Las defensas se han opuesto pero el tribunal ha permitido la testifical al ver que no se infringe la ley.
El periodista acudió en septiembre de 2016 junto a la entonces responsable de Tribunales de su periódico a la Fiscalía Anticorrupción para aportar una documentación relacionada con la presunta caja B del PP. Los papeles, más de 1.000 folios, se los había entregado el exasesor de Grau.
Al respecto, ha explicado que el exasesor contactó inicialmente con la periodista para decirle que tenía una documentación y entonces lo citaron en el diario. Mantuvieron los tres una reunión que se prolongó entre dos y tres horas en las que el exasesor les entregó una documentación y les explicó la presunta financiación ilegal del partido en València.
Según ha comentado, el exasesor les explicó que había estado empleado en Laterne y que se habían usado diversos procedimientos ilegales para financiar ilegalmente la campaña del PP de 2007. "Los papeles eran contratos, correos, facturas o albaranes y encargos y nos iba explicando en cada cosa cómo se habían cambiado conceptos de facturas para ocultar que eran actos de campañas", ha puesto como ejemplo.
"Nos dijo --ha añadido-- que había empresas que entregaban dinero a Laterne para pagar la campaña, tanto públicas como privadas, que aportaban dinero y financiaban los actos de campaña".
Tras explicarles los procedimientos, el periodista ha explicado que el exasesor les pidió que los publicaran: "Nosotros le dijimos que esa cantidad de papeles era inabordable y parecía delictiva y le dijimos de llevarlo a Fiscalía. Él no quería y le dije que lo llevaríamos nosotros, y no se opuso", ha manifestado.
El fiscal ha preguntado al testigo si el exasesor les manifestó en algún momento que hubiera sido amenazado por alguien para entregar la documentación, a lo que ha respondido que "no". Tampoco lo vieron angustiado o nervioso con la situación.
Esta declaración confirmaría lo que declaró el exasesor al inicio de la causa pero que luego negó en el juicio. Durante la vista afirmó, pese a lo que dijo en instrucción, que entregó una documentación en Fiscalía porque un hombre al que no identificó y del que dijo que se encontró en una calle poco transitada amenazó a sus hijos. "Se acercó por la calle, me dio la documentación y me enseñó una foto de mis hijos. La entregué porque la salud de mis hijos está por encima de todo", afirmó en el juicio.
"Se la entregué a una periodista. Le pedí una copia y todavía la estoy esperando. Yo no la miré, no sabía que documentación iba a entregar", aseveró el exasesor en la vista, pese a que dijo que la tuvo uno o dos días en su domicilio.
ACUSADOS Y PENAS
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para García Fuster por cohecho.
Inicialmente en esta pieza había 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos y solo han quedado cuatro acusados.
