El pleno aprueba ejecutar la sentencia de 1992 que declaró suelo urbanizable la finca Pino y Ruaya

Publicado 25/10/2018 12:08:47CET

ALICANTE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dictada en 1992 que instó a declarar suelo urbanizable no programado la finca Pino y Ruaya, situada en la playa de San Juan. La aprobación ha contado con el respaldo de PP, PSPV y Ciudadanos; Compromís y los no adscritos se han abstenido, mientras que Guanyar ha votado en contra.

La portavoz del PP y concejal de Urbanismo, Maria del Carmen de España, ha justificado la urgencia por "los tiempos judiciales". Ha explicado que el TSJCV reconoció que las fincas Pino y Ruaya eran suelo urbanizable no programado. La sentencia se dictó en 1992, pero no fue hasta 2001 que el ayuntamiento tramitó un borrador de ficha que "no llegó a aprobarse". La propiedad rebajó las iniciales 75 viviendas por hectárea en 2017 a 70 viviendas.

En julio de 2017, Urbanismo incluyó las fincas en el catálogo de protecciones y en septiembre las propietarios paralizaron el catálogo y reclamaron la ejecución de la sentencia o una indemnización de 140 millones de euros. Finalmente, este octubre de 2018, Urbanismo ha perimetrado las fincas para incluirlas en el PGOU en base a la sentencia de 1992. Así, se les reconocen 47 hectáreas y una edificación máxima de 50 viviendas por hectárea.

Frente a ello, el portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha criticado que el PP "que gobernó desde 1995 hasta 2015, no hiciera nada durante 20 años" para ejecutar la sentencia y que ahora haya llevado por urgencia la ejecución. Así, ha acusado al equipo de Gobierno del PP de "tirar al monte" y de aprobar una "ilegalidad" por permitir 50 viviendas por hectárea y ha cifrado en 2.350 el número de viviendas totales.

Pavón ha sostenido que la sentencia solo obliga a reconocer 47 hectáreas como urbanizables y "no a que sea residencial o a que haya que fijar una determinada densidad de viviendas".

Pavón ha tachado de "atropello urbanístico" un proyecto que, a su juicio, pretende "colar" en ejecución "determinaciones urbanísticas que nada tienen que ver" y que apuesta por la "especulación" y el planeamiento "a la carta", "al pelotazo". Asimismo, ha indicado que el constructor Enrique Ortiz también tiene "intereses" en las parcelas, "qué casualidad", ha ironizado. Por ello, ha dicho que se valora presentar un recurso.

La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha razonado su voto a favor porque, según los técnicos, "es lo que se debe hacer".

Desde Compromís, Natxo Bellido, ha planteado que existen informes técnicos "que no dicen exactamente lo mismo y que incluso se pueden contradecir", y de ahí su abstención.

Desde el PSPV, la portavoz del grupo, Eva Montesinos, ha respaldado la propuesta, aunque ha rechazado que se lleve por urgencia cuestiones de este calado porque hay grupos que "solo tienen tres horas para estudiar" un expediente.

La 'popular' Maria del Carmen de España ha precisado que las 50 viviendas por hectárea solo serán de aplicación cuando se modifique el PGOU, asimismo ha subrayado que lo que se ha aprobado es "la resolución de un problema" y ha acusado a Pavón de que lo que "le molesta" es que lo resuelva el PP, porque "durante los tres años en que estuvieron en el Gobierno no hicieron absolutamente nada".

La portavoz del PP le ha espetado que por mucho que repita los datos que "no le gustan", "no quiere decir que no esté bien". "Por muchos datos que ponga encima de la mesa no serán más verdad que la sentencia", ha indicado.

DESACATO

Finalmente, el alcalde, Luis Barcala, ha pedido no sacar "los pies del tiesto" y ha subrayado que el acuerdo se ajusta a ejecutar una sentencia que dice que "hay que volver a 1992 y poner sobre plano lo que hubiera sido esto en 1992".

"Situamos esto en el 92, que es lo que nos exigía un tribunal", ha mantenido Barcala que ha recordado que quedará "sujeto" a la legislación y a la modificación "del planeamiento". Así, ha indicado que lo que se pueda ejecutar en esa parcela tendrá que pasar por todo el procedimiento normal.

Además, ha manifestado que el actual equipo de Gobierno 'popular' tiene "la inmensa suerte" de no depender de Pavón, al contrario de lo que le ocurrió a Echávarri que soportó durante tres años "la presión de un juzgado, un tribunal" con advertencias y con el riesgo de "desacato".