Sagunt, "contento" de ser parte de la "solución transitoria": "No se trata de territorios sino de personas"

Moreno espera que se termine el conflicto jurídico con Acuamed y dice que la decisión avala que esta no es una infrestructura solo local

Desaladora de Sagunt
Desaladora de Sagunt - AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 5 febrero 2024 17:08

   VALENCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El alcalde de Sagunt (Valencia), Darío Moreno (PSPV), se ha mostrado "contento" por el hecho de que la localidad sea "parte" de la "solución transitoria" a la sequía en Catalunya, si bien ha apuntado que al hablar de "crisis climática" no se trata de "territorios sino de personas" y ha señalado que esta opción que baraja el Gobierno avala su tesis de que la planta desaladora no es solamente una infraestructura "local".

   En este sentido, confía en que se termine el conflicto jurídico abierto con la empresa Acuamed por el reparto de cargas en la financiación y explotación de la desaladora. "Es el momento de un acuerdo que pacifique de una vez por todas este asunto y que, con ello, ganemos seguridad jurídica alrededor de esta infraestructura clave", ha indicado en declaraciones facilitadas a los medios.

   "Por supuesto, estamos contentos de que Sagunto pueda ser parte de la solución transitoria a esta situación de sequía, de la misma forma que si el día de mañana nosotros lo necesitamos, esperamos que exista también esa solidaridad", ha indicado Moreno.

   No obstante, ha precisado que, en relación con la desaladora, se producen dos situaciones que el consistorio quiere "remarcar": que el desvío de agua de la planta a Catalunya va en la línea que defiende el Ayuntamiento "desde hace tiempo", es decir, que "no es una infraestructura estrictamente local o municipal", como argumenta Acuamed, "sino va mucho más allá y es esencial para la estrategia nacional hídrica".

   En segundo lugar, afirma que el Ayuntamiento no puede "esperar más para resolver el conflicto jurídico" abierto con Acuamed. El convenio con la empresa, firmado hace más de 20 años, determinaba que el consistorio asumiría el coste de la infraestructura aunque desde el Ayuntamiento se argumentan "dos incumplimientos" de ese acuerdo: que la infraestructura se hacía condicionada a un desarrollo empresarial y demográfico del municipio que no se dio en su momento y que la inversión inicial se suponía que sería de algo más de 20 millones de euros pero acabó siendo superior a 40.

   Al entender que las condiciones no eran las mismas, el Ayuntamiento entendió que el convenio no era vinculante y era necesario reformularlo para alcanzar un acuerdo, según han detallado a Europa Press fuentes municipales.

   En este caso, en diciembre de 2020 el pleno del consistorio aprobó por unanimidad una moción para presentar una demanda contencioso-administrativa para poder anular el convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de la desaladora de Sagunt.

CEROS COSTES

   El Ayuntamiento quería que el Ministerio asumiera el coste total de la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora "sin coste alguno" para el municipio y exigía un tratamiento unitario y la distribución de los costes económicos y financieros en el conjunto del sistema.

   Además exigía que los volúmenes de agua que han quedado establecidos como reserva para Sagunto y su área de influencia provenientes de la desalación quedaran "excluidos hasta que los costes asociados no fueran repercutidos de manera solidaria por el conjunto de sistemas de explotación de la Confederación Hidrográfica del Júcar o en el conjunto del sistema hidrológico nacional".

   En esa moción aprobada se recordaba que desde la aprobación del convenio se habían sucedido una serie de hechos que provocaban que los costes fueran "muy superiores" a los establecidos, que podrían haber alcanzado los 43 millones de euros.

   Con posterioridad, en 2021 Acuamed llevó al Ayuntamiento a los tribunales porque presentó, "sin acuerdo con el consistorio", facturas de más de un millón al año, que el consistorio rechazó porque entendía que no debía asumir esos costes. El año pasado el procedimiento tuvo su primera sentencia, en primera instancia, que se resolvió en favor del Ayuntamiento, si bien la empresa pretendía recurrir la resolución, según fuentes municipales.

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