ALICANTE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha suspendido la declaración de un testigo prevista para este viernes en el marco de la investigación del Plan Rabasa, una pieza separada del 'caso Brugal', después de que la Fiscalía solicitara su imputación en la causa, según fuentes de la acusación pública. Se trata del jefe de servicio de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha presentado esta mañana un escrito en el que explica que Ortuño pudo incurrir en los mismos delitos que el magistrado imputa a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, prevaricación y tráfico de influencias, aunque a título de cooperador necesario. Todo ello tras analizar el informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional.
Según el Ministerio Público, el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo de Alicante fue quien bendijo la legalidad de las iniciativas con las que la ex primera edil trataba de impulsar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para encajar en él la instalación de la multinacional Ikea en el proyecto urbanístico de Rabasa, que prevé la construcción de unas 13.000 viviendas, pese a que esa actuación estaba suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El juez Cerón decidió imputar a Castedo en esta causa después de que el informe de la UDEF constatara que el Pleno del Ayuntamiento aprobó someter a exposición pública el 29 de enero de 2010 el convenio entre el Consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo SL e Ikea Ibérica SAU para regular la implantación de un centro comercial en el sector de las Lagunas de Rabasa. La ejecución de ese plan parcial estaba suspendida por el TSJ desde el mes de diciembre anterior.
Para Cerón "existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses" del empresario Enrique Ortiz, también imputado en esta pieza separada del 'caso Brugal' junto a la propia Castedo, el gerente de la Concejalía de Urbanismo Enrique Sanus, y varios técnicos y ex cargos municipales.
El juzgado había previsto para hoy el inicio de las rondas de declaraciones con la citación de dos testigos propuestos a instancias de Sanus: el abogado urbanista Rafael Ballester y el técnico José Luis Ortuño. La defensa ha renunciado a la declaración del primero de ellos, mientras que la del segundo ha sido suspendida después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su imputación como cooperador necesario de los mismos hechos de los que está acusada Castedo.
Las acusaciones particulares, que ejercen en estas diligencias EU y PSPV-PSOE, se han adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que las defensas de todos los imputados se han opuesto a la misma. El juez ha decretado con posterioridad la suspensión de la declaración para poder pronunciarse sobre la solicitud.
El calendario de declaraciones incluye la de Castedo para el próximo 16 de enero, mientras que Sanus y la responsable jurídica de la Concejalía de Urbanismo lo harán, también como imputados, el día 29 del mismo mes y Ortiz, al día siguiente.
