Foto: EUROPA PRESS
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VALENCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado aplazar el juicio por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, tras pedirlo las defensas ante una nueva documentación aportada en noviembre al juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye la causa principal.
Algunas defensas de esta pieza de Gürtel, cuyo juicio arrancará en el tribunal valenciano a finales de este mes, se habían unido para pedir la suspensión de la vista y que se reclamara al juzgado de Madrid una nueva documentación --CDs y DVDs relacionados con la causa con información obtenida en diferentes registros-- que sí estaba a disposición de la Policía y de Fiscalía pero no de ellos, lo que les podría ocasionar indefensión, según ha podido saber Europa Press.
En concreto, las defensas tuvieron conocimiento el pasado 26 de febrero, a través de un escrito de Pablo Crespo, acusado en esta pieza 3 y personado en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, de la existencia de archivos y documentos incautados que el pasado mes de noviembre habían sido puestos a disposición del órgano judicial que instruye la causa matriz y que remitió a Valencia la parte en la que había imputados aforados.
A este material, alegaron las defensas, pueden tener acceso las representaciones de los acusados que están tanto en la causa valenciana como en la de la Audiencia Nacional, pero nunca los que exclusivamente han sido investigados únicamente en el TSJCV, puesto que se carece de autorización y de posibilidades.
Para la representación de estos acusados, la aparición de este material ha sido "sorpresivo" e insistían en que algunas defensas no pueden tener acceso al mismo ni disponer de él. "No solo estamos siendo acusados injustamente dentro de un macro proceso, sino que además al habernos situado en una pieza separada de otra matriz, no tenemos acceso a todo el material de la ingente causa", indicaban en algunos de sus escritos remitidos al tribunal valenciano.
Las defensas consideraban que este material, fruto de la investigación y fuente de cargo y de descargo, era "básico" y "vital" para la formación de la causa y la preparación del juicio, por lo que "debió de estar a disposición de las defensas" en la fase de instrucción y no simplemente como medios de prueba en la fase de juicio oral.
"CRITERIOS DE JUSTICIA"
Es más, señalaban que sus representados están acusados a raíz de informes policiales que han contado con todos esos elementos informáticos intervenidos, por lo que de acuerdo con "criterios de justicia, respeto a derechos fundamentales y legalidad ordinaria", deben ponerse a disposición de las partes de Valencia.
Ese material que obra en Madrid --agregaban-- puede contener documentos que, cotejados con los existentes en esta causa valenciana, afecten como instrumentos de la defensa e, incluso, como medio para obtener "la verdad material a la que va dirigida el proceso penal", por lo que entendían que el tribunal "debería ser el primer interesado en conocer dicho contenido" al que dicen estar vetados.
Las defensas alegaban que el tribunal valenciano tiene obligación legal de tutelar efectivamente a los acusados, y señalaban que si comenzaba el juicio sin haber tenido conocimiento de todo el material intervenido judicialmente se estaría causando "indefensión y falta de tutela judicial y, por lo tanto, violación del artículo 24.1 de la Constitución".
En resumen, argumentaban que las partes personadas exclusivamente en esta pieza 3 de Gürtel ignoran por completo el contenido de dicha documentación, por lo que insistían en que el tribunal debían subsanar la falta, reclamar la información a través de un exhorto, suspender el juicio y remitir la causa a instrucción a fin de que las defensas pudieran acceder al mismo y obrar en consecuencia: "No se pretende retrasar el inicio del juicio, reclamamos que se haga un juicio justo", sostenían.
ACTUACIONES "AJENAS"
Sin embargo, el TSJCV, tras estudiar estas reclamaciones, ha decidido desestimarlas y seguir adelante con el juicio por esta pieza. Entiende --según consta en una providencia de fecha 10 de marzo a la que ha tenido acceso Europa Press-- que la documentación a la que se refieren las defensas corresponde a actuaciones "ajenas" a este proceso de juicio oral, con lo que considera que no debe formular el exhorto ni establecer otros medios de acceso a la documentación.
No obstante, recuerda que se puede aportar la documentación que les convenga, en los términos que estimen oportunos las defensas, durante el juicio oral por los medios que establecen las leyes procesales.
CAUSA Y ACUSADOS
En esta causa hay un total de 13 acusados: las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turisme; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministardora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades).
Los 13 acusados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV.
Así, empresas de la presunta trama consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consellera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más --TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid--; Exporural; y adjudicaciones de las Consellerias de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.
Asimismo, los procesados están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
