VALENCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, ha presentado una moción en la que pide que todos los concejales electos de la corporación y los miembros de la Junta de Gobierno Local de libre designación hagan públicas, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOPV), sus declaraciones de bienes y actividades.
También solicita que el pleno inste a "todos y cada uno de los miembros designados por él en cualesquiera consejos de administración o fundaciones u otros organismos públicos o privados, a hacer públicas la totalidad de las posibles retribuciones o dietas percibas en el ejercicio de sus funciones de representación del Ayuntamiento de Valencia en las mencionadas entidades". Rubio argumenta en la moción que el hecho de que "los ciudadanos demanden cada vez más y más transparencia de los gestores públicos es un saludable signo de madurez democrática que los representantes políticos, lejos de acoger con suspicacia, deben celebrar con satisfacción".
Además, añade que "las reticencias a dar publicidad a aquellos elementos de la situación patrimonial de quienes administran los caudales públicos sólo cabe ser interpretada como un gesto de resistencia frente a una ciudadanía, que en ejercicio de sus derechos, exige una gestión ética y transparente".
"Entendemos que la función representativa es inasumible si no es desde la vocación personal de servir a la ciudadanía y al interés general", por lo que "es muy difícil esperar de los gestores públicos una negativa a mostrar con naturalidad y transparencia la información relativa a sus patrimonios personales", subraya.
La moción también destaca que "del mismo modo que la ciudadanía demanda una gestión cada vez más eficiente y de mayor calidad, también exige con más contundencia garantías de que la gestión pública no se llevará a cabo en condiciones irregulares". Para el PSPV, "los gestores públicos no deben desaprovechar ninguna oportunidad de liquidar el más mínimo asombro de duda en lo que al ejercicio de sus funciones se refiere".
"Toda iniciativa que redunde en beneficio de un aumento de la confianza en la que se basa la relación entre políticos y ciudadanos, debe ser aprovechada", indica la iniciativa, que defiende también que "lo contrario significa posicionarse del lado de un interés que no es comprensible desde el punto de vista institucional".
